Durante un reciente seminario sobre los nuevos fondos generacionales, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, anticipó un escenario de compras y ventas de activos, que se traducirá en episodios de volatilidad en los mercados durante la transición desde los actuales multifondos. Cortez manifestó que, aunque las estimaciones de la Superintendencia no indican impactos netos significativos, la reordenación de las carteras requerirá movimientos concretos, donde algunas administradoras de fondos de pensiones (AFP) tendrán que comprar activos, mientras que otras deberán vender. Este proceso estará marcado por un aumento en las operaciones en mercados internacionales y, aunque se espera también movimiento en el mercado local, se prevé que cualquier volatilidad sea de corto plazo y no genere efectos duraderos.
El margen de maniobra para las AFP será uno de los aspectos más relevantes del nuevo régimen de inversiones. Cortez defendió la autonomía que se otorgará a cada administradora para diseñar su propia cartera de referencia, subrayando que se prefería limitar la intervención del regulador en favor de una flexibilidad que permita a las AFP gestionar sus estrategias de inversión de acuerdo con su experiencia y conocimiento del mercado. Este enfoque busca evitar una regulación demasiado estricta y permitir que las administradoras compitan de manera efectiva, potenciando así la mejora en las condiciones de inversión para los afiliados.
El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Mauricio Larraín, calificó este nuevo régimen como el cambio más significativo en la industria de pensiones en las últimas cuatro décadas. Larraín apreció la ampliación de los rangos de asignación de activos y la diversificación de las bandas de tolerancia como oportunidades para fomentar una competencia más saludable entre las AFP, lo que puede ayudar a evitar el riesgo de homogeneización en sus estrategias de inversión. Sin embargo, expresó su preocupación por los mínimos de inversión en renta fija soberana, planteando que podrían resultar en un financiamiento del Estado en detrimento de los intereses de los afiliados.
Además, Larraín sugirió que los requisitos de inversión en deuda soberana deberían irse reduciendo de forma gradual, a medida que se da paso a un marco de inversión más diversificado. El nuevo régimen, que incluye un mayor número de clases de activos, incluyendo opciones alternativas, permitirá a las AFP estructurar carteras más ajustadas a las necesidades de sus afiliados. Esta mayor libertad en el diseño de carteras es vista como un paso crucial para evolucionar hacia un sistema de pensiones más robusto y adaptado a las nuevas realidades económicas.
Cortez también destacó la importancia de evaluar el nuevo esquema en un horizonte de 30 años, enfatizando que, aunque es difícil proyectar a tan largo plazo, el verdadero examen del régimen de inversiones será cómo las decisiones de hoy impacten en las pensiones futuras de los afiliados. Esta visión a largo plazo es esencial para asegurar que el nuevo sistema logre proporcionar pensiones que se ajusten a las expectativas y necesidades de los trabajadores en el futuro, garantizando una seguridad financiera a largo plazo.
