El 2 de octubre de 2026 marcará un hito en la administración de justicia en Chile, ya que se avecina la jubilación de 35 conservadores y notarios que superan la edad legal de 75 años. Este cambio fue recientemente publicado por el Diario La Tercera, que indica que estos funcionarios, que han ejercido sus oficios desde antes de 1995, cesarán en sus funciones en cumplimiento de una disposición legal que busca rejuvenecer el sistema. El anuncio ha generado inquietud, pero el gobierno ha tomado previsiones para asegurar una transición ordenada, garantizando la continuidad del servicio público.
Con el fin de gestionar esta transición, el ministro de Justicia, Fernando Rabat Celis, comunicó a todos los notarios y conservadores sobre el cese de funciones que entrará en vigor el próximo viernes. La normativa establece que aquellos que no presenten listados de reemplazo deberán proponer un abogado interino a través del fiscal judicial correspondiente, lo cual debe ser realizado dentro de un plazo muy corto. Esta medida busca asegurar que los nuevos profesionales que asuman estas funciones cumplan con los requisitos establecidos en la ley, manteniendo así altos estándares de calidad e integridad en el servicio.
Además de coordinar el nombramiento interino, el gobierno ha enfatizado la necesidad de supervisar el proceso de traspaso de funciones. En este sentido, se requiere que las Fiscalías Judiciales implementen medidas de fiscalización para garantizar que toda la documentación y la información relevante sean entregadas adecuadamente al nuevo funcionario. Esto incluye auditorías externas y la verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Código Orgánico de Tribunales, lo que permitirá minimizar cualquier riesgo de irregularidades durante esta fase crítica.
En paralelo, el equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por el abogado Patricio Cuevas, se encuentra preparando los perfiles de los 35 auxiliares que cesarán en sus cargos, lo que permitirá al Servicio Civil iniciar los concursos para llenar las vacantes respectivas. En total, el Servicio Civil manejará 65 perfiles, incluyendo los 30 que han sido despachados anteriormente, garantizando así que la transición se lleve a cabo de manera eficaz y en el menor tiempo posible. Esto refleja un esfuerzo coordinado para que el sistema judicial siga funcionando sin contratiempos, aun en medio de cambios significativos.
Sin embargo, la situación no está exenta de controversia. Algunos notarios y conservadores han decidido impugnar este proceso tanto en la esfera civil como en la constitucional, lo que podría causar retrasos inesperados en la implementación de la ley. Entre ellos se encuentra el Conservador de Santiago, Luis Maldonado, y otros profesionales que se oponen a su jubilación forzada. Este clima de incertidumbre sobre el futuro de estos funcionarios resalta la tensión entre el cumplimiento de la ley y las expectativas de quienes han dedicado décadas al servicio público, lo que sin duda generará un debate importante en los meses próximos.
