El proyecto minero-portuario Dominga, promovido por Andes Iron SpA, ha tomado un giro decisivo en el ámbito jurídico, tras la decisión de la compañía de desistirse de los recursos de casación que había presentado ante la Corte Suprema. Esta acción busca revocar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de febrero de 2026, que confirmó la desaprobación del Comité de Ministros en relación a la calificación ambiental del proyecto. Este desenlace se produjo en conjunción con el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, que también ha decidido abandonar sus propios recursos legales, una decisión que subraya la utilización de la ley que permite a las partes desistirse de los medios de impugnación.
Estas gestiones ante la Corte Suprema se dieron en un contexto donde el proceso ya había llegado a la fase de «acuerdo», lo que indica que los ministros ya habían tomado una decisión respecto al caso. Con el retiro de estas acciones legales, la Corte no procederá a emitir un pronunciamiento, lo que en términos prácticos consolidará el rechazo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Dominga, sentando un precedente en la judicialización de iniciativas similares en el futuro.
En consecuencia, la viabilidad del proyecto ahora depende exclusivamente de los procesos administrativos bajo la órbita del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Recientemente, el SEA ha admitido a trámite una solicitud de invalidación que busca cuestionar la negativa a la RCA de Dominga. Esta situación representa una nueva oportunidad para que el proyecto sea reevaluado por las autoridades ambientales, trasladando la responsabilidad sobre los impactos y medidas de mitigación desde los tribunales a la administración pública.
Sin embargo, el contexto no es del todo favorable para Andes Iron, ya que la compañía ha enfrentado importantes críticas respecto a su manejo operativo. A pesar de no contar con los permisos ambientales definitivos, la empresa inició recientemente obras en el futuro sitio del proyecto, lo que provocó la intervención de las autoridades. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha emitido informes que documentan el corte no autorizado y la destrucción de la vegetación nativa protegida en la zona, lo que plantea serias dudas sobre la adherencia de la empresa a los requisitos regulatorios vigentes.
Las operaciones de Andes Iron sin autorización no solo han levantado alertas sobre su cumplimiento normativo, sino que también abren un nuevo capítulo en la polémica en torno a Dominga. La división entre las autoridades ambientales y la actividad empresarial podría intensificarse, especialmente si las fiscalizaciones continúan revelando irregularidades. La situación en Totoralillo Norte es un claro recordatorio de los delicados balances entre desarrollo económico y la conservación del medio ambiente, donde las decisiones administrativas y judiciales se entrelazan en un panorama complejo.
