La Contraloría General de la República (CGR) ha hecho público un informe que revela que un total de 10.805 servidores públicos que laboran en servicios regionales han abandonado el país durante su licencia médica, o parte de esta, entre 2023 y 2024. Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC), este fenómeno podría implicar un uso irregular de 15.257 licencias médicas otorgadas, lo que genera serias preocupaciones en torno a la transparencia y el correcto uso de los recursos estatales. El informe resalta que el 76% de estas licencias son del sistema de Fonasa, mientras que el 24% restante pertenecería a Isapres, lo que indica una posible falta de control en el uso de licencias por parte de funcionarios públicos.
El estudio también destaca que los titulares de las licencias mencionadas habrían ingresado o salido del país en 26.606 ocasiones, lo que genera sospechas sobre los motivos de estas ausencias. En particular, el informe indica que 67 funcionarios han registrado entre 16 y 30 entradas y/o salidas, mientras que 30 individuos han tenido más de 30 movimientos a través de las fronteras. Estos datos sugieren que hay un claro patrón de comportamiento que podría no estar alineado con las condiciones de las licencias médicas, lo que la CGR califica como irregularidades que requieren atención inmediata.
El séctor más afectado por este fenómeno son los servicios de salud y hospitales, que concentran el 67% de los casos. Le siguen los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) con un 15%, así como municipalidades y otras entidades, mostrando que las irregularidades no se limitan a un solo sector. Particularmente, se destacan instituciones como el Servicio de Salud Magallanes, que reporta 1.258 licencias, y el SLEP Chinchorro con 1.065 licencias, resaltando la magnitud del problema en distintas regiones del país.
En mayo de 2023, se había informado sobre 25.078 funcionarios públicos que ya presentaban situaciones similares. Con la reciente actualización, la CGR ahora notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios pertinentes. Además, las resoluciones deberán ser remitidas a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR en un plazo de cinco días hábiles, lo que subraya la urgencia de la situación y el compromiso de la CGR en garantizar la integridad pública.
Finalmente, el informe de la Contraloría será compartido con diversas entidades, incluyendo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones legales necesarias. Esto refleja un movimiento más amplio dentro del gobierno para asegurar que los recursos del estado se utilicen de manera adecuada y que se tomen medidas contra aquellas irregularidades que afectan a la administración pública y a la confianza de la ciudadanía.
