Tras las recientes conclusiones de la auditoría interna llevada a cabo por Codelco, varias irregularidades han salido a la luz, especialmente en lo que respecta a la inflación de la producción a finales de diciembre pasado. La estatal minera confirmó a Pulso que más de 6.000 trabajadores estarán obligados a devolver parte de los incentivos económicos que recibieron por cumplimiento de metas de producción para el año 2025. Este hallazgo se deriva de una revisión exhaustiva que identificó la inclusión de aproximadamente 26.875 toneladas métricas finas (tmf) de óxidos y arsenito, lo cual representa cerca del 2% de la producción total de la empresa en 2022. Como resultado directo de estas irregularidades, se ha decidido la desvinculación de un ejecutivo, así como la amonestación de otros profesionales involucrados en el proceso.
La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco, Tamara Agnic, señaló que, aunque no consideran necesario modificar los estados financieros del año pasado, la corrección de los volúmenes de producción reportados implica un recalculo de los incentivos variables asociados a estos indicadores. Agnic explicó que este proceso no solo afectará a los montos individuales, sino que también resaltará la importancia de mantener la transparencia en los procedimientos internos de la compañía, especialmente en un sector tan crucial como el de la minería.
En números, el impacto de esta restitución de bonos alcanzará aproximadamente los 14,3 millones de dólares, que deberán ser devueltos por un total de 6.322 trabajadores y ejecutivos involucrados. Esto se traduce en que, en promedio, cada persona tendrá que devolver cerca de 2 millones de pesos chilenos en incentivos previamente otorgados. Esta situación genera un importante reto tanto para los trabajadores afectados como para la administración de Codelco, que deberá manejar la comunicación y el proceso de devolución de manera gradual y conforme a la normativa legal vigente.
Paralelamente, en un esfuerzo por abordar otras acusaciones de irregularidades, Codelco ha decidido contratar a KPMG, una de las llamadas «Big Four», para que realice una investigación adicional. Esta indagación se centrará en denuncias sobre ascensos irregulares dentro de la división Chuquicamata, donde se sospecha que ciertos líderes gremiales han obtenido beneficios económicos que no se corresponden con su desempeño. Esta situación pone de relieve la necesidad de un mayor control interno y la búsqueda de la ética en la gestión de recursos humanos dentro de la empresa.
Las conclusiones de la auditoría y las medidas que se implementarán a partir de ahora podrían tener consecuencias significativas en la cultura organizacional de Codelco. La minera estatal enfrenta un desafío clave en restablecer la confianza de sus trabajadores y en reforzar su compromiso con la ética y la legalidad en sus operaciones. A medida que se avanza en este proceso, será fundamental que Codelco mantenga una comunicación clara y constante con sus empleados, garantizando que se respeten sus derechos y se mejore la transparencia en sus procesos internos.
