Desde junio de 2026, Chile introduce una nueva normativa que reformula el cálculo del pago mínimo exigible en las tarjetas de crédito, contemplada en la Norma de Carácter General N°537 de la Comisión para el Mercado Financiero. Este cambio es parte de la Ley N°21.673 y busca proteger a los consumidores financieros al establecer un mínimo mensual que incluya, al menos, el 5% del capital adeudado, además de los intereses, comisiones y seguros correspondientes. La medida es significativa, ya que transforma el sistema actual donde los bancos fijan libremente un pago mínimo que frecuentemente cubre solo los intereses, generando un ciclo de deuda constante. Este nuevo enfoque obliga a los deudores a amortizar su deuda más efectivamente, marcando un hito en la regulación del crédito en el país.
Según estimaciones de la propia Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la implementación de esta nueva norma podría reducir drásticamente el tiempo necesario para saldar las deudas de las familias. Actualmente, quienes solo amortizan el 1% de su saldo podrían tardar hasta 15 años en saldar sus deudas. Con el nuevo esquema, este plazo podría reducirse a cinco años, lo que no solo resulta en una disminución de la deuda más rápida, sino también en la acumulación de menos intereses a lo largo del tiempo. Este avance es visto como un paso importante hacia la protección del consumidor, al garantizar que las familias vean una reducción real de su deuda con cada pago efectuado.
Sin embargo, la normativa también introduce cambios en cómo se manejan las compras en cuotas sin interés. Hasta ahora, muchas veces el pago mínimo no contemplaba el total de las cuotas mensuales, lo que provocaba la paradoja de que estas compras, que aparentaban ser sin costo, se financiaban con altos intereses. Según la nueva normativa, estas cuotas se incorporarán de manera gradual al monto no financiable, aumentando en tramos del 25% cada seis meses hasta alcanzar el 100% en dos años. Aunque este enfoque escalonado es considerado razonable, supone un ajuste que puede ser complicado para los hogares, especialmente aquellos que ya enfrentan problemas financieros.
El contexto económico en el que se implementa esta norma es delicado para muchas familias chilenas. El reciente aumento en los precios de los combustibles y una inflación moderada, pero persistente, han afectado el presupuesto familiar, llevando a muchas personas a depender de sus tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos. En este escenario, el incremento en el pago mínimo no representa solo una mejora regulatoria, sino un nuevo desembolso que muchas familias deben afrontar. Esta realidad plantea la necesidad de considerar cómo responderán los hogares ante un cambio que intenta reducir el sobreendeudamiento, en un ámbito donde los ingresos no siempre son suficientes para cubrir las necesidades básicas.
A pesar de las dificultades, la norma también ofrece una salida para los deudores. Las instituciones financieras podrán permitir hasta dos meses consecutivos de no cumplir con el pago mínimo, siempre que se reestructure la deuda en un plazo de 24 meses. Este alivio temporal, aunque útil, no aborda el problema de fondo del sobreendeudamiento en las tarjetas de crédito. La eficacia de esta normativa dependerá de factores externos como el aumento de los salarios y la estabilidad económica que permita a las familias cumplir con sus pagos sin recurrir a nuevos créditos. Sin estos cambios fundamentales en la economía, existe el riesgo de que la norma simplemente redistribuya la deuda hacia otros instrumentos menos regulados en lugar de resolver el problema de raíz.
