Desde el pasado 18 de junio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) han puesto en marcha una nueva política de condonación de intereses y multas que ha suscitado el interés y la preocupación de los contribuyentes en Chile. Esta nueva normativa propone una serie de beneficios que buscan incentivar el pago oportuno de las deudas tributarias, modificando las condiciones para acceder a estas reducciones. Las cifras son significativas: los deudores que regularicen sus obligaciones dentro de los primeros tres meses podrán recibir hasta un 75% de condonación de intereses y un 70% de las multas impagas. Sin embargo, esta oportunidad se desvanecerá con el tiempo, ya que las rebajas en las condonaciones se irán reduciendo y desaparecerán completamente para aquellos que cuenten con deudas que superen los 24 meses de mora.
La abogada y directora tributaria de EDIG, Ximena Pérez Brito, destaca que este nuevo esquema beneficia a quienes actúan con rapidez ante una deuda tributaria. «Las personas y empresas que reaccionen de manera oportuna podrán acceder a ventajas que no estarán disponibles para quienes posterguen la regularización de sus obligaciones», aclara Pérez. Esta perspectiva cambia el enfoque hacia una regularización más proactiva, convirtiendo a las pequeñas y medianas empresas en principales protagonistas de la necesidad de revisar su situación fiscal con urgencia. Esto podría ser crítico para el desarrollo de estas entidades, que a menudo enfrentan incertidumbres en su gestión financiera.
Es importante enfatizar que la nueva política de condonación no implica un perdón de los impuestos adeudados. Según la directora tributaria, el capital original de la deuda sigue siendo responsabilidad del contribuyente. La reducción se aplica únicamente a los intereses y multas acumuladas por el incumplimiento y no al impuesto en sí. Además, existen excepciones que limitan el acceso a estos beneficios, como las deudas que superan los 24 meses de antigüedad y aquellos casos sujetos a litigios o fiscalización especial. Esto subraya la importancia de que los contribuyentes estén al tanto de su situación tributaria para evitar sorpresas desagradables.
Pérez también manifiesta su preocupación por el impacto que esta normativa puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no tienen claro el estado de sus obligaciones fiscales. «Hemos encontrado casos de empresas que ignoran giros pendientes o deudas antiguas, y al sobrepasar dos años de mora, las posibilidades de beneficiarse de estas rebajas disminuyen drásticamente», afirma la abogada. En este sentido, sugiere que los contribuyentes realicen revisiones periódicas de su situación tributaria a través de las plataformas del SII y la TGR para evitar perder oportunidades de regularización.
Finalmente, la nueva normativa representa una oportunidad para las empresas y personas que buscan mejorar su salud financiera. Regularizar una deuda no solo ayuda a rebajar costos asociados a multas e intereses, sino que también previene problemas de liquidez y facilita el acceso a financiamiento y oportunidades de negocios futuros. Pérez concluye con un llamado urgente: los contribuyentes deben actuar con rapidez y solicitar asesoría especializada para navegar adecuadamente sus obligaciones tributarias. Ignorar esta nueva legislación podría llevar a enfrentar cargas significativas y a frustraciones innecesarias en sus gestiones financieras.
