La controversia en torno al proyecto minero-portuario Dominga ha dado un nuevo giro tras la decisión de la empresa Andes Iron de retirar las acciones legales que buscaban revertir el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esta retirada de acciones marca un hito significativo en la lucha legal que la empresa había iniciado desde que, en 2026, la Corte confirmara el rechazo del proyecto. A pesar de la negativa a continuar con su apelación, organizaciones locales mantienen que el rechazo sigue en pie, lo cual refuerza las posturas de resistencia presentadas ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta situación destaca las tensiones entre las iniciativas empresariales y el deseo de las comunidades locales de proteger su medio ambiente.
La decisión de Andes Iron de desistirse de sus recursos legales pone fin a una serie de acciones judiciales que se habían extendido por más de un año. De acuerdo con la abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, esta acción implica que la Corte de Apelaciones de Antofagasta mantiene firme su decisión de rechazar el proyecto. Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que existen diversas solicitudes administrativas que siguen abiertas, lo que podría indicar que Andes Iron no se ha rendido del todo y aún busca caminos alternativos en su intento por llevar adelante el controvertido proyecto.
La reacción de las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil ante el anuncio del inicio de obras por parte de Andes Iron ha sido contundente. Denunciaron que la empresa estaba intentando presionar al gobierno a pesar de no contar con una Resolución de Calificación Ambiental definitiva. Además, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) alertó sobre la tala de vegetación nativa en áreas protegidas, lo que ha causado un aumento en la desconfianza hacia las intenciones de la empresa. Gabriel Molina, representante de los pescadores de la Higuera, expresó que lo ocurrido refleja una estrategia comunicacional destinada a debilitar la oposición, cuestionando la legalidad de las acciones emprendidas mientras el proyecto se encontraba en un proceso judicial.
La situación ha escalado a un punto en que el tema no solo es ambiental, sino que también se vincula con cuestionamientos éticos relacionados a la historia de Dominga. La vocera de la Alianza Humboldt Atacama-Coquimbo, Nancy Duman, mencionó que el proyecto ha sido vinculado con escándalos de corrupción y conflictos de interés significativos en la opinión pública, tales como los casos de Penta y Pandora Papers. De esta manera, se plantea una interrogante que trasciende lo legal: ¿Es aceptable que el gobierno ignore aspectos éticos y judiciales para avanzar un proyecto que ha sido rechazado reiteradamente y que enfrenta la oposición de una parte considerable de la comunidad?
Con la admisión de solicitudes de invalidación al rechazo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, se abre la puerta a un nuevo capítulo en esta saga. Sin embargo, el efecto inmediato de la decisión de Andes Iron de no continuar en los tribunales destaca un cambio de estrategia, buscando una solución política en lugar de la judicial. Carolina Bahamones, vocera de MODEMA, sostiene que esto representa una clara presión sobre la administración encabezada por el presidente Kast, sugiriendo que el destino del proyecto no solo reposará en el ámbito judicial, sino que también se verá influenciado por las dinámicas políticas actuales en Chile, donde la sociedad civil demanda transparencia y ética en la toma de decisiones.
