En Santiago, a septiembre de 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) ha expresado sus serias preocupaciones respecto a los cambios propuestos en la Ley N° 20.009, en el marco del proyecto de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, conocido como MK4. Este proyecto fue presentado al Congreso el 9 de septiembre bajo el Boletín N° 18.643-05 y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional. ODECU advierte que las modificaciones planteadas podrían afectar gravemente la protección de los usuarios, al cambiar el estándar de dolo o culpa grave por uno de culpa leve, lo que podría reducir la responsabilidad de las empresas en casos de fraude.
Una de las modificaciones más relevantes del proyecto es la incorporación de un nuevo artículo que presume culpa leve cuando una operación no reconocida se efectúe mediante autenticación reforzada. Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, argumenta que aunque es esencial perseguir el autofraude, esto no debería traducirse en un debilitamiento de la protección para los cientos de miles de usuarios de sistemas digitales. «Es fundamental que quienes cometen fraude asuman su responsabilidad, pero la mera existencia de fraude no puede ser excusa para disminuir la protección a las verdaderas víctimas», afirmó Larenas.
ODECU ha manifestado su desacuerdo con la presunción que otorga la autenticación reforzada, explicando que autenticar una operación no implica consenti-la. El presidente de ODECU destacó que muchas veces las víctimas de fraudes caen en la trampa tras ser engañadas mediante técnicas de ingeniería social. «El uso de un segundo factor de autenticación no es suficiente para probar que el usuario quería realizar una operación. Los delincuentes pueden acceder a información personal que facilita estos engaños», puntualizó. La organización insistió en la necesidad de cuestionar de dónde proviene la información utilizada por los estafadores.
El proyecto también coloca la responsabilidad en las instituciones financieras, pidiendo una mayor calidad de evidencia respecto a la autenticación de las transacciones. ODECU sostiene que no debe ser suficiente demostrar el uso de contraseñas o autenticación de dos factores; la institución necesita proporcionar claridad sobre cómo operaron esos mecanismos y qué medidas de prevención se implementaron. «La seguridad digital forma parte del servicio financiero, y no puede depender únicamente de la diligencia del usuario», subrayó Larenas.
A pesar de sus críticas, ODECU reconoce que el proyecto también presenta aspectos positivos, como la estandarización de las declaraciones juradas y el impulso a la denuncia electrónica. Además, celebra que otros participantes en la cadena de pagos asuman responsabilidad en caso de fraude, lo que otorga a los consumidores una vía más clara para reclamar. ODECU hizo un llamado a equilibrar la persecución del autofraude, la responsabilidad de los proveedores y la protección de las víctimas de fraudes, resaltando que no se debe trasladar a los consumidores los riesgos inherentes al funcionamiento y seguridad del sistema de pagos.
