El ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, se ha pronunciado en contra de una propuesta que busca eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda, alegando que esta iniciativa favorecería desproporcionadamente a las comunas más ricas, perjudicando a aquellas con menores ingresos. Según informa BioBioChile, Marcel enfatizó que la supresión de estas contribuciones podría afectar gravemente las finanzas municipales de comunas que ya enfrentan desafíos económicos. Este planteamiento ha sido respaldado por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ha sido previamente impulsado por el partido Republicanos, pero su viabilidad ha sido cuestionada por el ministro en una reciente intervención pública.
Durante su análisis, Marcel destacó que el pago de contribuciones, que asciende a aproximadamente 800 millones de dólares anuales, es fundamental para el sustento de las municipalidades, representando un 15% de sus ingresos propios. De este total, resaltó que el 45% proviene de las comunas de la zona oriente de Santiago, tales como Las Condes o Vitacura, lo que evidencia una clara desigualdad en la distribución de los ingresos fiscales. El ministro argumentó que la eliminación de estas contribuciones podría perjudicar severamente a las municiones más vulnerables, las cuales dependen de estos recursos para financiar servicios básicos.
Marcel desglosó los beneficios exclusivos que se derivarían de dicha exención para los propietarios de viviendas en comunas adineradas. Por ejemplo, en Lo Barnechea, el ahorro anual podría alcanzar los 3,3 millones de pesos por cada hogar afectado. En contraste, comunas como Vitacura podrían ver beneficios promedios de 2,2 millones de pesos, mientras que en Las Condes, el promedio se situaría en 1,2 millones. Este panorama resalta cómo la propuesta beneficia a un sector muy específico de la población, dejando de lado las necesidades de quienes menos tienen.
El ministro dejó claro que esta iniciativa no solo favorece a los adinerados, sino que, en última instancia, significa que las municipalidades de menor ingreso serían las que tendrían que asumir el costo de esta exención. «¿Quién pagaría los 3,2 millones de beneficios para los habitantes de Lo Barnechea? Las comunas pobres, porque dependen de la recaudación fiscal que proviene de los impuestos sobre propiedades en las comunas de alto poder adquisitivo», explicó, evidenciando así la injusticia que él mismo ve en esta medida.
Finalmente, Marcel concluyó que la propuesta podría significar una reducción drástica de los ingresos para las municipalidades más empobrecidas del país. Al comparar el impacto de las exenciones fiscales, enfatizó que muchas comunas rurales en el sur de Chile sufrirían una merma en sus recursos, lo que a su vez afectaría directamente a la calidad de vida de sus residentes. La defensa que el ministro ha hecho frente a esta iniciativa resalta las desigualdades estructurales en el sistema tributario chileno, y pone de relieve la necesidad de revisar cómo se distribuyen las cargas fiscales entre los diferentes estratos socioeconómicos.
