La mayor red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua ha sido objeto de una intensa investigación en Chile tras un trágico quíntuple homicidio acontecido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. Este suceso comenzó a desentrañar una compleja trama de extorsiones y violencias que afectaban a la comunidad venezolana en el país. Un celular recuperado durante las pesquisas, perteneciente a una de las asistentes, contenía valiosa información que permitió a la Fiscalía Metropolitana Sur seguir la pista de una red que, entre 2022 y 2025, movió más de 75 mil millones de pesos (aproximadamente 84.5 millones de dólares) mediante transferencias al extranjero y criptoactivos. La cabeza de este entramado, conocido como «Yefri», no aparecía en los registros policiales y ahora lo que se revela es la complejidad del lavado de activos en sectores comunes de la vida chilena.
La investigación dirigida por la PDI estuvo centrada en la organización operacional del Tren de Aragua, que estructuraba sus actividades en cuatro niveles: recaudadores de extorsiones, abonantes que realizaban depósitos en cuentas bancarias, presta-cuentas que facilitaban el movimiento del dinero y, finalmente, sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero. La organización extorsionaba a productores de fiestas en el Barrio Bellavista, amenazándolos con violencia si no cumplían con sus exigencias. Los videos y mensajes de amenazas extraídos del celular de Bárbara Hernández, una de las involucradas, desnudaron un modus operandi caracterizado por la violencia y la intimidación, estableciendo un dominio del tren sobre eventos nocturnos en Santiago.
El trato violento que ejercía la red se evidenció en grabaciones donde se mostraba la presión que imponían a los organizadores de fiestas. «Mira, esto es para los que sigan haciendo fiesta sin comunicar, para la próxima les vamos a lanzar esta [granada]…». Este tipo de amenazas, junto con disparos que acompañaban las advertencias, ilustran el temor que vivían los afectados. Muchos locales, temerosos de represalias, optaban por ceñirse a las demandas del Tren de Aragua, lo que representaba un alto costo para su funcionamiento. Así, la red consolidó un sistema de control que desdibuja la línea entre el crimen organizado y la vida cotidianamente en Santiago.
La acción del Ministerio Público dictó una serie de allanamientos y detenciones que desmantelaron el complejo entramado financiero de esta red, revelando la implicación de hasta 26 personas, entre ellas, un ejecutivo del Banco Santander que actuaba como presta-cuentas. Las operaciones detectadas no alertaron a las autoridades, lo que pone en evidencia las lagunas del sistema financiero para detectar lavado de activos. Este último hecho subraya la importancia de ajustar los protocolos de seguridad bancaria y fiscal para prevenir que delincuentes como los del Tren de Aragua continúen operando sin restricciones.
Finalmente, el fiscal Barros enfatizó la necesidad de atacar la raíz del problema: «Apuntar al sistema financiero del Tren de Aragua es lo que más les duele». Al involucrar directamente a las instituciones bancarias, la estrategia de desmantelamiento se centra en tocar las finanzas que sostienen estas organizaciones criminales. La desarticulación de esta red representa no solo un avance en las labores de investigación, sino una lucha constante contra el lavado de activos que afecta indefectiblemente a la seguridad pública y a la integridad de las comunidades en Chile.
