José Navarrete Oyarce, Director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello, ha abordado la crucial cuestión de la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de más de 50 millones de dólares. En su opinión, la incertidumbre tributaria representa un obstáculo significativo para los inversionistas que buscan comprometer recursos en proyectos a largo plazo, especialmente en sectores como la minería, la energía y la infraestructura, los cuales requieren décadas para recuperar la inversión inicial. La estabilidad fiscal se convierte, así, en un factor determinante que puede convertir un proyecto potencialmente rentable en uno inviable ante cambios inesperados en la carga impositiva.
La invariabilidad tributaria se define como el compromiso del Estado para no modificar las condiciones tributarias previamente acordadas durante un plazo determinado. No se percibe como un regalo al inversor, sino como un aseguramiento de que las reglas del juego serán claras desde el inicio. Esta lógica fue implementada anteriormente en Chile a través del Decreto Ley 600, que estuvo vigente desde 1974 hasta 2015, garantizando una carga tributaria estable para la inversión extranjera. Durante su periodo de vigencia, este mecanismo logró atraer inversiones por más de 100 mil millones de dólares, mostrando su efectividad en el fomento del capital extranjero.
El argumento detrás de la derogación del DL600 estaba fundamentado en la creencia de que Chile ya era un país atrayente por sí mismo, sin necesidad de garantías adicionales. Sin embargo, la realidad posterior mostró que esa confianza era prematura. Tras la eliminación de este estatuto, la inversión se estancó y numerosos proyectos fueron pospuestos, lo que desencadenó un impacto negativo en el crecimiento económico del país. La propuesta de la megarreforma presentada por José Antonio Kast retoma, aunque de manera diferente, la esencia del DL600, con la promesa de una tasa impositiva máxima del 35% para inversores extranjeros, y la garantía de respetar el régimen tributario vigente en el momento de la firma del contrato para los inversores nacionales.
Desde el Ministerio de Hacienda se estima que la implementación de esta reforma podría tener un impacto positivo de aproximadamente un 1,5% del PIB en un horizonte de diez años. Este número, sin embargo, va acompañado de un mensaje de mayor calado. La capacidad de un país para establecer y respetar reglas estables, independientemente de los cambios en el gobierno, envía una señal clara a los mercados. Esta señal no solo es económica; implica también una dimensión política que podría ser fundamental para la confianza de los inversores. En este sentido, la aprobación de la propuesta por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados sugiere que existe un consenso significativo en torno a la necesidad de crear un ambiente favorable para la inversión en Chile.
Navarrete concluye que este tipo de normativas son exactamente lo que Chile requiere para reiniciar su camino hacia un crecimiento sostenido. La invariabilidad tributaria, en su opinión, podría jugar un papel clave en la reactivación de la inversión y el desarrollo de proyectos que son vitales para el futuro económico del país. Por lo tanto, es fundamental que estas medidas sean respaldadas y respetadas a largo plazo, para enviar una clara señal de estabilidad y madurez económica a los potenciales inversores internacionales.
