La entrada en vigencia de la Ley 21.646 el pasado 27 de enero marca un hito significativo en la legislación chilena, pues prohíbe las pruebas en animales para productos cosméticos y de higiene. Esta normativa, que se gestó a partir de un intenso debate legislativo iniciado en 2020, finalmente fue aprobada en diciembre de 2023, gracias a la presión ejercida por organizaciones tanto nacionales como internacionales, como Te Protejo y Humane Society International. Su implementación no solo representa un avance en la protección de los derechos de los animales, sino que también sitúa a Chile en una posición destacada dentro de la comunidad internacional, alineándose con países que ya han adoptado regulaciones similares.
El proceso de discusión de la Ley 21.646 fue largo y complejo. A nivel de políticas públicas, este tema ha cobrado relevancia en el contexto internacional, donde países de la Unión Europea establecieron normativas desde 2013 que garantizan que ningún cosmético comercializado en sus territorios sea probado en animales. En América Latina, naciones como Brasil, México y Costa Rica han tomado medidas similares, pero la reciente aprobación de esta ley en Chile coloca al país en un grupo selecto que se compromete con los estándares internacionales en materia de derechos de los animales, lo que podría influir en futuras regulaciones en la región.
El debate legislativo estuvo marcado por la polarización de opiniones. Mientras que los defensores de los animales aplaudieron la iniciativa, sectores de la industria expresaron su preocupación por los costos asociados a la adaptación a nuevas metodologías de testeo, así como la viabilidad de las alternativas científicas. Este aspecto se convierte en un punto clave, ya que la implementación de la Ley 21.646 requiere una infraestructura que fomente la investigación y el desarrollo de métodos alternativos, como las pruebas in vitro y los modelos computacionales, que aseguren la seguridad y eficacia de los productos sin recurrir a la experimentación animal.
La efectividad de la normativa dependerá en gran medida de la fiscalización y el seguimiento que realicen las autoridades competentes. En un entorno globalizado, donde las empresas pueden intentar eludir la legislación, es fundamental que se establezcan mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de la ley. Esto no solo protegerá a los animales, sino que también garantizará un marco de confianza para los consumidores, quienes demandan cada vez más productos éticos y responsables en sus compras.
Finalmente, la Ley 21.646 también llama a la educación y concientización de los productores y consumidores sobre la importancia de elegir productos que respeten los derechos de los animales. Esta legislación no solo es un avance en la protección animal, sino que refleja un cambio de mentalidad en la sociedad chilena, donde los consumidores se vuelven más exigentes con las prácticas empresariales. Marcas como Natura y Avon, que han adoptado un enfoque proactivo en la eliminación de pruebas en animales, están bien posicionadas para adaptarse a estos nuevos estándares, lo que abre la puerta a la innovación y al desarrollo de tecnologías más éticas en la industria cosmética.
