La candidata presidencial de Chile Vamos leyó el segundo informe de la mesa técnica de pensiones y consideró que algunas de las medidas podrían tener “consecuencias graves”. Afirmó que se reunirá con economistas para “aportar a la búsqueda de respuestas de los chilenos”.
Estamos en la recta final para alcanzar un posible acuerdo en pensiones, pero tras las recientes críticas del Partido Republicano y también las altas exigencias que se conocieron de parte del Frente Amplio y la izquierda (sobre que no iban a llegar a un acuerdo donde la gran mayoría de los puntos de cotización fueran a las cuentas individuales), los aires ante un eventual acuerdo transversal parecían haberse nublado. Ahora, es la candidata presidencial de Chile Vamos -que lidera todas las encuestas- quien manifestó sus resquemores, esto tras leer el 2° informe de la Mesa Técnica de Pensiones que se dio a conocer la semana pasada.
El segundo informe se compartió el miércoles pasado en la Comisión de Trabajo del Senado, aunque el documento se había filtrado a la prensa un día antes, generando el enojo en el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, José Antonio Coloma (UDI). Pese a ello, el informe no traía mayores conclusiones ni definiciones sobre la distribución del 6% de cotización adicional (donde se analizaron dos sugerencias para el “seguro social” que propone el Gobierno) y tampoco sobre la posible licitación de afiliados antiguos -otra medida que impulsa el Gobierno- ya que muchos comisionados levantaron alertas sobre las consecuencias que el mecanismo podría tener sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones.
Quizás inspirándose en esos comentarios, la ex alcaldesa de Providencia publicó este mensaje en su cuenta de X el pasado domingo: “Es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas”.
Aunque no se explayó en los elementos que consideraba controversiales, algunos señalan que tendrían que ver con, primero, que el beneficio a entregar no genere efectos en la informalidad laboral (es decir, que si se pone un umbral muy bajo de años cotizados para recibir el beneficio, las personas no van a tener incentivos a ahorrar y cotizar). Por otro lado, el segundo tema podría estar relacionado a la licitación de afiliados antiguos, donde sólo la semana pasada la comisionada Cecilia Cifuentes -que asesora al senador UDI José Antonio Coloma- indicó que el mecanismo de licitación “le genera dudas”, llamando a buscar mecanismos alternativos.
Así, Matthei concluyó su posteo señalando que ahora se abocará a “inicia conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuestas a los chilenos”, algo que parece bastante lógico, dado que la reforma, en opinión de Matthei, debe ser buena técnicamente para que sea perdurable en el tiempo.
