El pasado jueves, la Fundación Nodo XXI llevó a cabo un conversatorio en la Municipalidad de Estación Central, donde el exministro de Vivienda Carlos Montes presentó un análisis crítico sobre las políticas habitacionales del Gobierno de Kast. Montes subrayó que el actual enfoque se centra exclusivamente en favorecer a las grandes empresas inmobiliarias, dejando de lado las necesidades de vivienda social. Afirmó que las políticas implementadas hasta la fecha fomentan un «país de inmobiliarias y arrendadores», advirtiendo que el Gobierno actúa conforme a intereses económicos que no garantizan viviendas accesibles para los sectores más necesitados del país. Esta situación es alarmante, dado el déficit habitacional que supera las 500,000 unidades.
El informe de Nodo XXI, titulado «¿Política habitacional o agenda inmobiliaria?», examina las medidas propuestas por el actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, y revela que muchas de estas iniciativas, lejos de aliviar el problema de la vivienda, en realidad priorizan el lucro de las inmobiliarias. Uno de los puntos más controversiales es la eliminación de contribuciones para adultos mayores, que aunque se presenta como un alivio, realmente favorece a las personas de mayores ingresos y perjudica la recaudación necesaria para financiar servicios en comunas con menos recursos. Esto, según el informe, perpetúa la desigualdad y aumenta el déficit habitacional, sin ofrecer soluciones efectivas a quienes realmente lo necesitan.
Uno de los aspectos más criticados del informe es la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Esta desregulación urbana, que permite aumentar la densidad y la altura de las construcciones, no tiene en cuenta las necesidades reales de las comunidades y prioriza la rentabilidad de los promotores inmobiliarios. Montes y otros expertos coinciden en que esta política ignora el problema central de la brecha entre precios, ingresos y capacidad de acceso a la vivienda, poniendo en evidencia que el supuesto de que más permisos y mayor densidad resultarán en viviendas más asequibles carece de fundamento. Las decisiones tomadas mediante decretos exigen un claro compromiso con la planificación urbanística y el bienestar social.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, también alzó la voz en este conversatorio, criticando la falta de focalización y justicia en las políticas de compensación para las comunas afectadas por la eliminación de contribuciones. Resaltó que sólo unas pocas comunas más adineradas recibirán compensaciones significativas, mientras que las más vulnerables obtendrán sumas irrisorias frente a la necesidad de inversiones que realmente impacten a sus habitantes. Esta crítica se suma a la preocupación generalizada por la falta de un verdadero plan de emergencia habitacional que aborde el déficit de viviendas y proteja a las familias que enfrentan estructuras económicas desiguales.
Finalmente, el informe de Nodo XXI pone de relieve que las medidas implementadas, como la Operación Sitio 2.0 y Eriazo Cero, son insuficientes y pueden incluso agravar la situación. Estas políticas trasladan la responsabilidad de la solución habitacional a los municipios y a las familias sin proporcionar recursos adecuados. Sin un marco claro que establezca prioridades y objetivos a largo plazo, el futuro de la vivienda en Chile parece incierto, y las promesas de una política habitacional efectiva quedarían relegadas a un segundo plano, mientras las desigualdades y el déficit habitacional continúan creciendo.
