El OS7 de Carabineros desbarató recientemente una banda dedicada al tráfico de drogas, logrando la detención de siete personas, entre ellas seis funcionarios del Ejército y un civil chileno. La operación, llevada a cabo tras intensas vigilancias y seguimientos entre la Región de Tarapacá y la Región Metropolitana, permitió la incautación de 192 kilos de cocaína y pasta base, con un valor estimado de $3 mil millones. Este golpe al narcotráfico resalta la capacidad de la policía para enfrentarse al crimen organizado y se considera una victoria significativa en la lucha contra las redes de drogas que operan en el país, según declaraciones del general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata.
La situación es aún más grave al comprobar que los detenidos incluyen a suboficiales del Ejército de la Segunda Brigada Acorazada de Cazadores de Pozo Almonte. En respuesta a estos hechos, el Ejército, a través del general de División Comandante de Operaciones Terrestres, Pedro Varela, tomó medidas inmediatas, procediendo a la baja de los involucrados. Varela afirmó que estos actos son inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores militares, afectando la imagen y el compromiso de los más de 30,000 hombres y mujeres que integran esta institución.
El proceso de investigación se intensificó tras una denuncia interna del propio Ejército, lo que subraya la importancia de los controles internos en la prevención del delito. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, comentó que la detención de los suboficiales se extendió hasta el jueves 26 de junio, cuando se definirán las medidas cautelares pertinentes en el caso. Se les imputará el delito de tráfico de drogas, poniendo en evidencia las conexiones y la estructura de la organización criminal que operaba con aparentes funciones diferenciadas entre sus miembros.
La fiscal Steinert indicó que algunos de los militares aprehendidos no llevaban sus uniformes en el momento de su detención y que estaban en pleno traslado de la droga a la capital. Se observó una clara organización dentro de la banda, donde existía una división de tareas que incluía roles para coordinar el transporte y la distribución de la droga. Esta estructura sugiere un nivel de planificación sustancial, lo que complicará el proceso judicial y reforzará la intranquilidad sobre la infiltración del crimen dentro de instituciones del Estado.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega, calificó la situación de delicada y difícil desde el punto de vista institucional, destacando la capacidad del Ejército para detectar internamente a los involucrados. No obstante, existen interrogantes sobre cómo los imputados lograron establecer contactos para el tráfico de drogas, así como sobre quiénes eran los distribuidores externos. Aunque no se han encontrado evidencias de que la banda tenga vínculos más amplios dentro del Ejército, la investigación continúa abierta y exhaustiva, evidenciando la gravedad de la situación en el ámbito de seguridad pública.