En una jornada significativa para el sistema penitenciario chileno, el Presidente Gabriel Boric Font anunció el cierre del penal Punta Peuco, como parte de un decreto que transforma esta cárcel en un penal común. La decisión, que fue anticipada en su cuenta pública del 1 de junio, adquiere relevancia en el contexto histórico de Chile, ya que Punta Peuco ha estado destinado a albergar a condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar. Este anuncio se produce tras la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, que valida el cambio de estatus de este recinto carcelario ubicado en la comuna de Til Til, en la Región Metropolitana.
El Presidente Boric explicó que este cambio es parte de un esfuerzo mayor por abordar la crisis de hacinamiento en las cárceles del país. En sus declaraciones, el mandatario aseguró que mantener un penal especial como Punta Peuco «no tiene justificación», subrayando el compromiso de su gobierno con la igualdad ante la ley. «Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años», afirmó el jefe de Estado, quien enfatizó que el enfoque del sistema penitenciario debe ser la seguridad y no el privilegio de ciertos internos.
Durante su intervención desde La Moneda, Boric destacó la necesidad urgente de aumentar la capacidad de los recintos penitenciarios, dada la crítica situación de sobrepoblación que afectan a los centros de detención. El presidente indicó que ya se están llevando a cabo obras para recibir nuevos internos, lo que marcará un cambio importante en la administración del sistema carcelario chileno de cara al año siguiente. Esta transformación busca no solo mejorar las condiciones de los internos, sino también responder a las demandas de un sistema de justicia más equitativo.
Además, el mandatario mencionó las obras en curso que incluyen la construcción de un nuevo espacio para visitas y una oficina técnica, así como la implementación de tecnología de vigilancia en el área que anteriormente era utilizada como cancha de deportes. Esto refleja una clara intención de optimizar los recursos disponibles y modernizar las infraestructuras penitenciarias. Con este enfoque, el gobierno de Boric busca dar un giro significativo a las políticas carcelarias, priorizando la reinserción y la justicia social.
Finalmente, el presidente Boric concluyó que esta decisión representa un avance hacia un sistema penitenciario más justo en Chile. «Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría», aseguró, indicando que la distribución de las plazas carcelarias se regirá por criterios de seguridad y no de privilegio. Este cambio se enmarca dentro de las promesas del gobierno de avanzar en derechos humanos y en la reparación a las víctimas de la dictadura, buscando cerrar heridas que aún están abiertas en la sociedad chilena.
