El viernes 11 de julio, la Corte Suprema de Chile dictó un fallo que resalta la importancia de la responsabilidad fiscal en la administración pública. Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta y actual figura política del Partido Comunista (PC), junto a otros ex funcionarios municipales, fue condenado a devolver más de 56 millones de pesos a la municipalidad. Esto se debe a deudas acumuladas por el impago de cotizaciones previsionales, un tema que ha generado gran interés en los medios y en la opinión pública. Este fallo tiene repercusiones significativas tanto para los involucrados como para la gestión municipal en general, marcando un precedente en la rendición de cuentas ante la ley.
La sentencia se origina en irregularidades detectadas por la Contraloría, que identificó retrasos en los pagos de cotizaciones para cuatro funcionarios durante los años 2015 y 2016. La falta de pagos provocó la acumulación de multas e intereses por parte de diversas instituciones, incluyendo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el Instituto de Previsión Social (ISP), que suman un total de 818 UTM. El hecho de que estas deficiencias en la gestión financiera hayan sido confirmadas por la Corte Suprema evidencia la seriedad de la discusión sobre la administración de los recursos públicos.
Durante el proceso judicial, los acusados intentaron justificar los retrasos en pagos argumentando problemas administrativos, como las demoras en las transferencias desde el Ministerio de Educación a la municipalidad y la disminución de ingresos por baja asistencia. Sin embargo, la Corte fue clara en su postura, afirmando que la municipalidad debió implementar medidas preventivas para evitar este tipo de contingencias, señalando así la responsabilidad civil por una gestión fiscal negligente. De este modo, queda claro que la administración pública no solo debe ser eficiente, sino también responsable.
El recorrido judicial de este caso llegó hasta la Corte Suprema, donde Jadue y los otros ex funcionarios argumentaron que no se había respetado el debido proceso durante el juicio. Según su defensa, el examen de cuentas necesario para justificar un juicio de cuentas nunca se realizó adecuadamente, siendo sustituido por una simple auditoría. Además, alegaron que la notificación sobre el mal uso de fondos llegó fuera de los plazos legales. Sin embargo, la Corte rechazó este recurso no por la falta de argumentos, sino porque fue presentado fuera de tiempo, reafirmando así la validez del fallo anterior.
Con la sentencia definitiva, Daniel Jadue y los ex funcionarios deberán reembolsar las 818,08 UTM a la Municipalidad de Recoleta, una decisión que generará un aluvión de reacciones en el ámbito político y entre la ciudadanía. Este caso no solo pone de relieve la importancia de la correcta gestión de los recursos públicos, sino que también destaca la necesidad de un sistema de supervisión más estricto para prevenir futuros desvíos. A medida que el debate sobre la responsabilidad en la gestión pública continúa, este episodio podría tener implicaciones más amplias en la política local y nacional.
