Una nueva versión de la Encuesta Criteria ha arrojado resultados interesantes sobre la gestión del Gobierno de José Antonio Kast Rist, destacando un aumento del 4% en la aprobación de su presidencia, que ahora se sitúa en un 50%. Este repunte se ha dado en un contexto donde la desaprobación también ha crecido, pasando del 30% al 37%. Esta paradoja en los números se puede explicar en parte por la disminución de los indecisos, cuyo porcentaje se redujo drásticamente del 24% al 13%. Esto sugiere que un sector significativo de la población chilena ha tomado una posición más clara respecto a la administración actual, aunque las opiniones dividas en torno a diversos temas políticos se mantienen vigentes.
Uno de los temas polémicos revelados por la encuesta es la postura del Gobierno respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), donde un 47% de los encuestados se mostró a favor de exigir su pago a los profesionales que actualmente no lo están haciendo. Este porcentaje pone de relieve la inquietud de los ciudadanos sobre el manejo de las deudas educativas, que ha sido un punto controvertido en el debate político chileno. En contraste, el 28% se manifiesta en desacuerdo con esta exigencia, lo que refleja una división de opiniones que podría complicar aún más la agenda del Gobierno.
La encuesta también muestra una significativa postura pública acerca de la posible indultación a carabineros y militares condenados por delitos durante el estallido social de 2019. Un 45% de los encuestados apoya esta medida, mientras que un 32% está en desacuerdo, lo que indica que una parte considerable de la población podría estar dispuesta a perdonar las acciones de las fuerzas del orden en el contexto de la crisis social. Sin embargo, este tipo de decisiones puede tener repercusiones en la confianza y las relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía, ya que se vincula estrechamente con el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, la percepción sobre la urgencia de reducir la deuda y el gasto del Estado resulta ser un tema sensible. La mayoría de los encuestados, un 53%, mostró desacuerdo con que esta reducción afecte los beneficios sociales, lo cual es un indicador claro de la preocupación de la población por mantener los apoyos estatales en tiempos de crisis. Esta cifra sugiere que hay un deseo por proteger los derechos sociales, a pesar de la situación fiscal que enfrenta el país, con un 56% de los encuestados considerando que la herencia financiera del gobierno anterior es ‘algo o muy grave’.
Finalmente, la encuesta también pone de manifiesto el tema de la gratuidad en la educación superior, donde un 53% se mostró en desacuerdo con limitar el acceso a jóvenes menores de 30 años, y un 55% está a favor de no ampliar la gratuidad a familias de mayores ingresos. Estos datos señalan el desafío que enfrenta el Gobierno de Kast en crear políticas educativas que logren un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el acceso equitativo a la educación, un tema crucial en la agenda social de Chile. En resumen, la encuesta refleja un panorama complejo donde el apoyo popular se entrelaza con divisiones sobre los métodos y prioridades del actual Gobierno.
