El 28 de noviembre del año pasado, Chile marcó un hito en la seguridad privada con la entrada en vigor de la Ley N° 21.659, que busca modernizar y profesionalizar este sector. Esta legislación, considerada una de las más relevantes en materia de seguridad en el país, establece un marco regulatorio claro que busca mejorar las condiciones laborales y operativas de las empresas que funcionan en este ámbito. Con la mirada puesta en el año 2026, las empresas deberán adaptarse a una serie de nuevos requisitos que les permitirán operar de manera más eficiente y segura, garantizando así la protección de las personas y los bienes en un contexto cada vez más complejo.
Un cambio fundamental que introduce la Ley N° 21.659 es el nuevo papel que desempeñará la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta entidad se convierte en el organismo regulador y fiscalizador, dejando atrás su relación casi exclusiva con Carabineros en cuanto a la supervisión del sector privado. Con funciones como la autorización de empresas, la aprobación de estudios de seguridad y la administración del Registro de Seguridad Privada, la Subsecretaría ahora tiene el mandato de garantizar que la normativa se cumpla y que se sancionen las infracciones, reforzando así la seguridad pública y la confianza en el sector.
La ley también introduce una clasificación por niveles de riesgo, que divide a las empresas en tres categorías: bajo, medio y alto riesgo. Esta categorización no solo unifica las normas dispersas, sino que también establece criterios claros sobre las medidas de seguridad que cada nivel debe cumplir. Por ejemplo, las empresas clasificadas como de riesgo medio deberán tener un estudio de seguridad aprobado, mientras que aquellas en la categoría de alto riesgo deberán implementar sistemas de vigilancia complejos, incluyendo la presencia de vigilantes armados y tecnología avanzada, lo que eleva significativamente los estándares de operación en el sector.
Otro aspecto destacado de la Ley N° 21.659 es el incremento en las exigencias para el personal de seguridad. Todos los guardias deben estar equipados con elementos básicos de protección, como chalecos anticorte y seguros de vida. Además, aquellos que desempeñen funciones de alto riesgo tendrán que utilizar cámaras corporales. La normativa también requiere que los jefes de seguridad cuenten con un título profesional, lo que asegura un mínimo de preparación y capacitación en la gestión de seguridad, contribuyendo al desarrollo de un sector más profesional y competente.
Finalmente, los plazos de adecuación establecidos por la ley son estrictos. Las empresas tienen un plazo de seis meses desde la entrada en vigor para presentar su primer estudio de seguridad. Además, durante los próximos dos años, deberán llevar a cabo una evaluación continua de sus medidas de seguridad según su nivel de riesgo. El incumplimiento de estas normativas conllevará sanciones severas, lo que impulsa a las empresas a actuar con diligencia en su adecuación. En este contexto, entidades como Previsegur Chile están listas para ofrecer asesoría especializada, ayudando a las empresas a cumplir con la Ley 21.659 y a mejorar su operatividad en el sector de la seguridad privada.
