La Federación de Sindicatos de Plantas de Proceso del Sector Industrial del Biobío (FESIP Biobío) ha expresado su máxima preocupación ante la alarmante posibilidad de una drástica reducción en la materia prima procesada por las plantas de la región. Esta situación podría complicar aún más la implementación del fraccionamiento pesquero, previsto para entrar en vigencia el próximo 2 de enero, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores y la industria pesquera. En respuesta, sectores artesanales y la agrupación Sonapesca han presentado un requerimiento a la Contraloría, con el objetivo de garantizar un manejo responsable de los recursos pesqueros y mitigar el impacto que esta normativa puede tener en la salud del sector industrial pesquero.
Juana Silva Chávez, presidenta de la FESIP Biobío, criticó fuertemente al subsecretario de Pesca, Julio Salas, por haber desvirtuado los argumentos técnicos presentados sobre el manejo de las pesquerías en explotación. Silva señaló que la falta de atención por parte del Ministerio de Economía, pese a las promesas realizadas por el biministro García, deja a la comunidad pesquera sin respuestas ante una situación que podría poner en riesgo los recursos vitales de la región, así como la actividad económica de numerosas familias que dependen del sector.
Elena Fuentes Jara, directora de FESIP, hizo eco de las inquietudes presentadas por Silva, dejando claro que, aunque acatan la ley, no la reconocen como constitucional. La nueva normativa ha sido percibida como un ataque a la propiedad privada de las empresas procesadoras y ha generado pérdidas notables para el sector, estimadas en más de 160 millones de dólares. Fuentes subrayó que la reducción de las cuotas de jurel, especialmente preocupante en la Capital Mundial del Jurel, podría tener efectos devastadores al limitar el acceso a materia prima que afecta tanto la producción como el empleo en las plantas.
Las implicancias de la Ley de Fraccionamiento no solo impactan a las empresas, sino también a las familias de los trabajadores, especialmente a aquellas lideradas por mujeres, cuyos empleos y bienestar dependen de la estabilidad del sector. Fuentes planteó un interrogante crucial: ¿con cuánta materia prima podrán contar las plantas a medida que se vaya reduciendo la disponibilidad de recursos? Los posibles recortes de personal y la pérdida de contratos son preocupaciones constantes que se ciernen sobre el futuro del trabajo formal en la región.
Finalmente, Víctor Hugo Mora Vera, presidente del Sindicato 1 de empleados de Landes y socio de FESIP, hizo un llamado a los parlamentarios actuales y nuevos para que asuman la responsabilidad de proteger los empleos dignos en el sector industrial. Mora enfatizó que más de 30 mil familias dependen del compromiso del Gobierno, instando a los legisladores a no repetir los errores de la discusión previa sobre la Ley de Fraccionamiento. La FESIP permanece alerta, a la espera de la resolución de la Contraloría, con la esperanza de que se priorice la estabilidad y protección de los trabajadores del sector.
