A medida que la Política de Acceso Abierto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) avanza, es esencial reflexionar sobre las diversas realidades del ecosistema académico chileno. Este 2025, se cumplirán tres años de la implementación de esta política, que busca democratizar el acceso al conocimiento científico y humanístico en el país. La ANID se ha comprometido a garantizar que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos sean accesibles para toda la población, promoviendo la transparencia y la reutilización de la información. Esto se ha traducido en la creación de un repositorio de datos que facilita la difusión de trabajos de investigación, destacando la importancia de adoptar estándares que aseguren el acceso y la interoperabilidad de los datos.
La implementación de la política se ha dividido en dos fases. La primera, que se extenderá por dos años, permite a los investigadores publicar en revistas de suscripción, siempre que estas acepten el depósito de los manuscritos en repositorios institucionales tras un período de embargo. Este modelo, conocido como Ruta Verde de acceso abierto, se evaluará antes de avanzar hacia la Ruta Dorada, que implica la publicación inmediata en revistas de acceso abierto mediante el pago de tasas. Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado en fortalecer las capacidades institucionales, especialmente en universidades, para facilitar el acceso abierto a través de proyectos financiados por ANID.
Un avance significativo en este proceso fue la adhesión de ANID en 2023 a la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), una iniciativa que busca reformar los criterios de evaluación académica. Este cambio es crucial, ya que se pretende valorar los resultados de investigación más allá de las métricas tradicionales, lo que podría transformar el modelo de evaluación de la productividad académica. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la implementación de la política enfrenta serios desafíos, como la persistente publicación de investigaciones en revistas sin acceso abierto y los altos costos de las tasas de publicación, que limitan la disponibilidad de conocimiento financiado con recursos públicos.
Según datos de Scopus, entre 2020 y 2024, se publicaron aproximadamente 28.400 trabajos de investigación financiados por ANID, de los cuales un alarmante 40% se encuentra en revistas con acceso restringido. Solo un 38% ha sido publicado bajo la Ruta Verde, lo que pone de manifiesto la lenta adopción de la política. Además, el gasto en tasas de publicación ha aumentado, concentrándose en pocas editoriales, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual. En un entorno académico donde la presión por publicar es intensa, los altos costos y la escasa adopción de la Ruta Verde continúan siendo obstáculos significativos para el acceso abierto.
Frente a estos desafíos, es fundamental redoblar los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de repositorios, establecer incentivos claros para los investigadores y desarrollar mecanismos de financiamiento sostenibles para las tasas de publicación. La implementación de la política de acceso abierto no puede ser un proceso lineal; debe adaptarse a las diferentes realidades y culturas de investigación presentes en las diversas instituciones del país. Un modelo a seguir podría ser el de Finlandia, que ha creado un sistema de clasificación de revistas liderado por la comunidad científica, asegurando la calidad de las publicaciones. Al fomentar una cultura de acceso abierto y apoyar a los investigadores con menos recursos, Chile podrá avanzar hacia un sistema de producción científica más inclusivo y democratizador.
