Más de 164 mil permisos de regularización habitacional se han registrado entre 2016 y 2024 en Chile, representando un 47% del total de permisos otorgados en ese periodo. Este dato se ha vuelto crucial en el debate actual sobre la posible ampliación de la llamada Ley del Mono, que busca facilitar la regularización de viviendas. A pesar de la significativa cantidad de permisos ya otorgados, expertos advierten que el verdadero desafío radica en la capacidad de las Direcciones de Obras Municipales (DOM) para gestionar un eventual aumento de solicitudes si la ley se amplía. La pregunta que resuena en el entorno legislativo es si las municipalidades están preparadas para absorber esta demanda adicional.
El informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional ofrece una visión clara de la importancia de la Ley N°20.898 para el sector habitacional. Las viviendas regularizadas tienen un promedio de 100 m², lo que pone de manifiesto que la ley no es un mecanismo marginal, sino una herramienta clave en el acceso a la vivienda. Con el Congreso considerando modificaciones a la ley, que incluyen la actualización de criterios y la extensión de los plazos de vigencia, se plantea la necesidad de realizar un análisis profundo sobre la capacidad operativa de las municipalidades para manejar esta tarea compleja y técnica.
Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital, destaca que no solo es crucial aprobar una nueva extensión de la Ley del Mono; es igualmente importante asegurar que las instituciones estén preparadas para procesar las solicitudes de manera eficiente. «El cuello de botella podría trasladarse desde la legislación hacia las municipalidades”, advierte Conejeros. Si las DOM no cuentan con el personal y las herramientas necesarias para revisar los expedientes dentro de los plazos legales, el objetivo de facilitar la regularización podría verse comprometido, afectando a muchos propietarios que dependen de este proceso.
A pesar de los avances en la digitalización a través de iniciativas como DOM en Línea, la revisión técnica sigue siendo un área crítica que requiere atención. Cada solicitud de regularización no solo implica un ingreso al sistema, sino un análisis exhaustivo que debe realizar el personal de las Direcciones de Obras Municipales. Si las modificaciones a la Ley del Mono generan una avalancha de nuevas solicitudes, la habilidad de las DOM para cumplir con los plazos establecidos se convierte en un verdadero termómetro para medir el éxito de esta nueva fase de regularización.
En conclusión, el éxito de la reforma habitacional no debería medirse únicamente en términos de cuántas viviendas logran ingresar al sistema de regularización. Será fundamental observar cuántas logran concretar su regularización en los plazos respectivos. Esto no solo dependerá de la voluntad legislativa de extender la Ley del Mono, sino también de la preparación y capacidad de respuesta de las municipalidades para manejar eficientemente el proceso administrativo que se avecina. Un análisis exhaustivo y una implementación efectiva serán claves para evitar un nuevo embotellamiento que podría dejar a muchos propietarios en la incertidumbre.
