Con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, el Senado chileno ha dado luz verde a la idea de legislar el proyecto conocido como “Escuelas Protegidas”, diseñado para implementar medidas de seguridad y fomentar un ambiente de orden y respeto en los colegios. La iniciativa fue reportada por Agricultura, y su propósito fundamental es preservar la integridad tanto física como psíquica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Este respaldo normativo surge en un contexto alarmante tras el trágico asesinato de la inspectora María Victoria Reyes Vache en Calama, lo que ha puesto de relieve la urgencia de mejorar la seguridad en las instituciones educativas.
Entre las medidas aprobadas se encuentra la revisión de mochilas y bolsos por parte de los sostenedores, quienes podrán llevar a cabo estas inspecciones siempre que haya motivos fundados y verificables. Según los lineamientos, dichas revisiones deberán realizarse en lugares designados y sin contacto físico, garantizando que no se vulneren los derechos de los estudiantes. Sin embargo, está expresamente prohibido desnudar a los alumnos durante estas revisiones. Este aspecto ha suscitado diversos comentarios sobre la necesidad de protocolos claros y respetuosos para asegurar el bienestar del estudiantado.
Asimismo, el proyecto incluye la identificación facial en las escuelas, permitiendo que los reglamentos prohíban vestimentas o accesorios que obstaculicen la identificación del alumno. Se han establecido excepciones por razones de salud, religión o identidad de género. El procedimiento ante la negativa del estudiante es claro: inicialmente se informa a los padres, y si la resistencia persiste, se retiran las pertenencias del alumno. En situaciones extremas, la intervención de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) queda contemplada, lo que ha generado un profundo debate entre los legisladores y diversas organizaciones educativas.
Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación, enfatizó la importancia de esta legislación, declarando que el objetivo es fortalecer la convivencia en los colegios. A su vez, la ministra de Educación, María Paz Arzola, expresó su gratitud por el avance en el proyecto, señalando que se busca entregar más herramientas a los establecimientos y reafirmar la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Sin embargo, el enfoque del proyecto ha sido criticado por limitaciones en su alcance, centrándose más en el control y las sanciones que en el desarrollo de una estrategia integral.
Voces críticas han señalado que la norma no aborda adecuadamente la violencia cotidiana que se vive en los colegios y que es imprescindible la implementación de programas de salud mental que atiendan las necesidades de los estudiantes. Consideran que la presencia policial en el entorno escolar podría desnaturalizar el espacio educativo, convirtiéndolo en un lugar de vigilancia en lugar de aprendizaje. Este debate refleja la complejidad del problema de la violencia en las escuelas y la necesidad de un enfoque más comprensivo que no solo contemple medidas de seguridad, sino que efectivamente promueva un ambiente de bienestar y desarrollo integral para los niños y jóvenes.
