La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) ha expresado su apoyo a la reciente Agenda Pro Empleo presentada por el Gobierno, la cual busca abordar el problema del desempleo estructural que afecta a la economía nacional. En un contexto donde la empleabilidad ha sido priorizada por el Estado, esta iniciativa incluye varios mecanismos de inversión, tales como la construcción de obras públicas y subsidios para la contratación. Según la CCS, estas medidas son cruciales para aliviar la difícil situación financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en el país.
A pesar de la valoración positiva del programa, la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, ha subrayado la necesidad de implementar medidas adicionales que consideren el costo laboral. El aumento desmedido de estos costos en los últimos años ha sido reconocido por el gremio como un factor que ha contribuido a la crisis del empleo en el país. Vial advierte que si no se toman decisiones concretas para corregir este problema, el mercado laboral quedará permanentemente afectado, disminuyendo la efectividad de cualquier iniciativa destinada a promover el empleo.
Uno de los puntos centrales en la discusión ha sido la focalización de los subsidios. La CCS considera que, aunque los subsidios a la contratación son un paso en la dirección correcta, su carácter transitorio limita su efectividad. Vial insiste en que la ayuda debe ser más transversal, abarcando a todos los sectores afectados por el alza en los costos laborales, dado que este problema es generalizado y no discrimina entre distintas industrias o tipos de empleadores.
La propuesta de la CCS de implementar un crédito fiscal para mitigar el impacto de nuevas cotizaciones previsionales es vista como una solución potencialmente efectiva para atacar las raíces del problema del empleo. Este crédito fiscal, según la CCS, ayudaría a aliviar la carga que enfrentan las empresas y podría ser un pasaporte hacia una recuperación más sólida en el mercado laboral. Esta medida tendría que implementarse junto con otras acciones que propicien un sistema nacional de cuidados, como el proyecto de Sala Cuna Universal, para mejorar la empleabilidad femenina y adaptar los esquemas de contratación para fomentar una mayor inclusión.
Finalmente, la CCS ha establecido una ambiciosa meta: la creación de al menos 300 mil empleos netos en los próximos años, un objetivo que se alinea con la urgencia de mitigar los efectos de las alzas en los costos laborales. La necesidad de un enfoque más equilibrado en la política de subsidios, la modernización de las regulaciones laborales y el establecimiento de programas de capacitación, especialmente en habilidades de inteligencia artificial, son aspectos que deben ser considerados urgentemente. Sin duda, el éxito de la Agenda Pro Empleo dependerá de la voluntad del Gobierno de adoptar estas recomendaciones y de actuar de manera decisiva frente a la compleja realidad del mercado laboral chileno.
