El multimillonario Elon Musk, figura prominente durante la administración de Donald Trump, ha levantado la voz al señalar que la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, se ha convertido en un nido de irregularidades. Según Musk, esta entidad ha estado utilizando recursos de los contribuyentes para financiar organizaciones con el objetivo de desestabilizar gobiernos en varios países. Conocida por ser la mayor donante mundial, la USAID ha sido acusada de malversar fondos, lo que ha llevado al nuevo gobierno a designar a Marco Rubio, un secretario de Estado conocido por su severidad, al frente de la agencia con el fin de poner fin a sus presuntas prácticas corruptas.
Fundada en 1961 bajo el auspicio del presidente John F. Kennedy, la USAID tenía la intención de promover la ayuda humanitaria. Sin embargo, a lo largo de los años, ha sido transformada en un instrumento de la CIA, involucrándose en operaciones encubiertas que han incluido la financiación de movimientos políticos en países como Venezuela y Ucrania. La revelación de que más de 600 periodistas y más de 100 medios de comunicación han recibido financiamiento de esta agencia pone en tela de juicio su integridad y su verdadero propósito en el plano internacional.
En Chile, el impacto de la USAID se ha sentido en diversas áreas, especialmente en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano. Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha invalidado permisos de edificación por un total de US$ 100 millones en Viña del Mar, evidenciando cómo los intereses económicos pueden chocar con la normativa local. Este caso resalta la necesidad de que los inversionistas respeten los marcos regulatorios existentes para garantizar una competencia justa y transparente en el país.
El caso de la municipalidad de Iquique ilustra aún más la falta de cumplimiento de la ley en Chile. A pesar de que el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá establece zonas de riesgo que deben ser consideradas en la planificación urbana, la municipalidad ha otorgado permisos de construcción en áreas restringidas, lo que ha permitido la realización de proyectos inmobiliarios por un valor de aproximadamente US$ 750 millones. La situación se agrava ante la inacción de las autoridades locales, quienes parecen ignorar las normas establecidas para facilitar desarrollos cuestionables.
La falta de respuesta de los funcionarios locales ante las solicitudes de audiencia para discutir estos temas críticos refleja una cultura de evasión y falta de transparencia. A medida que se acerca la reunión con la Contralora Regional de Tarapacá, la presión sobre los funcionarios aumenta, especialmente en un contexto donde la opinión pública está cada vez más informada sobre las irregularidades en el manejo de permisos y la influencia de la USAID en la política local. La necesidad de una mayor rendición de cuentas y de conocer la lista de organizaciones y medios que han recibido financiamiento de la USAID en Chile se vuelve imperativa para restablecer la confianza en las instituciones.
