La inmobiliaria interpuso una querella criminal tras detectar que el exgerente Marcelo Gómez, junto a su hijo Fernando Ignacio Blumen Flores, habrían orquestado un esquema de ventas paralelas y apropiación indebida que dejó graves pérdidas económicas y dañó la reputación de la empresa.
Casas Chile SpA, empresa emblemática en el sector de viviendas prefabricadas, enfrenta uno de los episodios más delicados de su historia.
La compañía formalizó una acción judicial ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde acusa a exmiembros de su equipo directivo y a sus colaboradores cercanos de haber ejecutado un complejo fraude interno cuyo perjuicio patrimonial asciende a más de $3.500 millones.
De acuerdo con la investigación interna, el exgerente comercial y de operaciones, Marcelo Gómez Castro, habría liderado junto a su hijo, Fernando Ignacio Blumen Flores (jefe de sucursal en Concepción), un grupo de funcionarios que desvió ventas, manejó fondos por fuera de la contabilidad oficial y facilitó la gestión de entregas irregulares.
El mecanismo permitía que recursos y pagos, originados en transacciones informales dentro de las mismas sucursales y canales digitales de Casas Chile SpA, fueran depositados en cuentas personales, ignorando procesos y controles establecidos por la empresa.
Presunta red criminal
Además de Marcelo y Fernando, la querella señala a diversos colaboradores involucrados, entre ellos ejecutivos de ventas, responsables de planificación y jefaturas de sucursales y áreas administrativas, lo que evidenciaría la existencia de una red coordinada y estructurada para la apropiación de dinero y recursos.
Las consecuencias del fraude no solo se reflejan en el daño económico, sino que han impactado la confianza de empleados y clientes, afectando la imagen de una empresa conocida por su trayectoria y compromiso social.
Por ello, Casas Chile SpA exige que el Ministerio Público profundice en la investigación y en la persecución judicial de quienes resulten responsables, instando a que se apliquen sanciones ejemplares ante estos hechos.
Este caso, actualmente en manos de la justicia, pone en primer plano la importancia del control y la transparencia en la administración empresarial, así como la necesidad de resguardar los intereses y derechos de las empresas frente a eventuales abusos de confianza internos.
