Albert Cajas

Este año, las empresas medianas chilenas se encuentran en medio de un entorno de fiscalización más estricto y menos predecible debido a la entrada en vigencia de la Ley N°21.713, que moderniza las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta nueva normativa redefine la manera en que las empresas deben gestionar su contabilidad, que ya no puede ser vista como un mero trámite administrativo, sino como una herramienta fundamental para la gestión del riesgo. Un error contable o tributario que antes podía ser evaluado con un costo fijo, ahora se ha convertido en un elemento impredecible, que puede llevar a consecuencias financieras graves y difíciles de anticipar para las empresas que no estén preparadas.

Uno de los cambios más significativos introducidos por la nueva ley es la modificación en el costo de pagar impuestos fuera de plazo. Anteriormente, este costo era conocido, pero ahora el interés por mora es variable y determinado por el SII dos veces al año. Esta incertidumbre agrava la situación para las empresas medianas, que deben estar atentas a los plazos y criterios contables, ya que las consecuencias de una simple inconsistencia pueden acumularse durante hasta tres años. Según Claudia Valdés Muñoz, especialista en servicios contables, los errores tributarios tienden a ser recurrentes y, cuando el SII comienza a investigar, las inconsistencias pueden abarcar varios años, multiplicando así el costo operativo y legal para las empresas afectadas.

Además, la introducción de la figura del denunciante anónimo crea un nuevo escenario de riesgo para las empresas. Aquellos que aporten información relevante sobre delitos tributarios tendrán incentivos económicos directos al acceder a un porcentaje de las multas impuestas. Este escenario pone en jaque la confianza internalizada dentro de la empresa, donde un exsocio o un colaborador insatisfecho ahora tiene la capacidad de afectar gravemente la operativa de una organización, incentivando así la transparencia y la correcta gestión tributaria.

Desde un enfoque más operativo, la preferencia del SII por realizar notificaciones vía correo electrónico añade una nueva capa de responsabilidad para las empresas. No mantener actualizada la información de contacto puede resultar en la pérdida de plazos importantes, lo que podría traducirse en sanciones o multas más estrictas. Como menciona Valdés, muchas empresas aún abordan la contabilidad de manera superficial; sin embargo, hoy la contabilidad debe ser considerada como parte integral de la gestión de riesgos, en donde la capacidad de una empresa de explicitar y respaldar sus operaciones puede marcar la diferencia en caso de una fiscalización por parte del SII.

A pesar de estos desafíos, la Ley 21.713 también proporciona herramientas para las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias de manera ordenada. La posibilidad de obtener una certificación anual de sostenibilidad tributaria y establecer acuerdos de cooperación con el SII permite a las empresas gozar de una relación más fluida con el organismo recaudador, como subraya Valdés. Aquellas que se dedican a organizar su cumplimiento no solo evitan sanciones, sino que también abren la puerta a un entorno de menor fricción con la administración tributaria. La clave para sobrevivir y prosperar en este nuevo contexto es, por tanto, la asesoría preventiva, que deberá implementarse antes de que llegue el momento de una fiscalización.