Francisco Lorca

Desde febrero de 2023, Chile cuenta con la Ley 21.807, que busca reformar y modernizar el sistema de planificación territorial en el país. Esta normativa, que fue discutida activamente en el Congreso Nacional desde 2024, surge como respuesta a las complicaciones que enfrentan muchas comunas debido a los extensos plazos de tramitación de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) y la obsolescencia de los planes reguladores comunales. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha sido un actor clave en este proceso, participando en las discusiones y aportando sugerencias para asegurar que las nuevas regulaciones faciliten la creación de ciudades más sustentables y que ayuden a resolver el crítico problema de acceso a la vivienda que afecta a gran parte de la población.

Una de las modificaciones más significativas introducidas por la Ley 21.807 es el establecimiento de un plazo máximo de tres años para la elaboración de los planes de urbanismo. Este tiempo se iniciará desde el acto de comienzo de preparación y finalizará en la etapa de aprobación y consulta pública del anteproyecto. Esta disposición es un importante cambio respecto a la situación anterior, donde muchas comunas podían tardar más de cinco años en actualizar sus planes, lo que impactaba negativamente en el desarrollo local. Además, la ley impone la obligación de realizar «informes bienales de monitoreo», donde se deberán definir indicadores de progreso y decidir si es necesario actualizar el instrumento, reemplazando así la anterior normativa de actualizaciones fijas cada diez años.

La nueva legislación también incluye la capacidad de los Planes Reguladores Intercomunales (PRI) para definir densidades mínimas que los planes comunales deberán adoptar, asegurando que se enfoquen en áreas de alta accesibilidad a servicios urbanos. Este enfoque estratégico responde a la necesidad de incentivar la urbanización planificada y sostenible, ayudando a preservar espacios vitales en las ciudades. Adicionalmente, se contempla que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo esté obligado a informar anualmente sobre programas de capacitación en planificación, especialmente en localidades vulnerables, lo que se espera impulse una gestión más eficiente y consciente por parte de los funcionarios municipales.

Durante el proceso legislativo, hubo preocupaciones significativas sobre la eliminación de la necesidad de la toma de razón de la Contraloría para la aprobación de planes reguladores. Sin embargo, el debate se centró en establecer diferentes regímenes de tramitación: las comunas con un Plan Regulador Intercomunal podrán aprobar su PRC mediante un decreto del alcalde tras una revisión por parte de la Seremi de Vivienda, sin requerir una toma de razón. En contraste, aquellas comunas que no cuenten con un PRI mantendrán la necesidad de obtener la aprobación del organismo contralor, lo que refleja un equilibrio entre agilidad administrativa y la fiscalización necesaria para asegurar transparencia en el proceso.

Finalmente, la Ley 21.807 también aboga por mejorar la colaboración entre el Serviu y las municipalidades, promoviendo convenios que fomenten la participación activa entre las partes en la implementación de la planificación territorial. Asimismo, se introducirán requisitos adicionales en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, elementos críticos para asegurar que los ciudadanos puedan involucrarse en el desarrollo de sus comunidades. Estos cambios legislativos no solo buscan modernizar la planificación territorial en Chile, sino que también indican un compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social, aspectos fundamentales para el progreso de las ciudades en el territorio nacional.