Académicos de la Universidad San Sebastián e investigadores de Ciudadanos en Acción comprobaron que el 62,5% de las mujeres mayores de 65 años no recibirían más pensión del fondo común que propone el Gobierno, producto de que no cotizaron, mientras que el 9% recibirían menos de $10.000.
Fondo de reparto v/s aumentar la PGU fue la comparación que abordó el estudio Mujeres Mayores De 65 Años y Fondo Solidario De La Reforma De Pensiones, desarrollado por la Universidad San Sebastián (USS) y la Fundación Ciudadanos en Acción.
En concreto, la comparación contempló el caso hipotético de que se concretase la idea que propone la reforma de pensiones y que considera (originalmente) que el 6% de cotización se destine a un sistema de reparto o fondo común, con monopolio estatal.
Entre los principales hallazgos de la investigación está que el 62,5% de las mujeres pensionadas no recibiría ningún pago, por no haber cotizado o por haberlo hecho por un tiempo menor a los 12 meses; solo el 22% percibiría un aumento mensual de la pensión de $44.000 o más; y apenas el 3,9% de un total de 1.450.000 mujeres cotizantes, percibirían el tope de 3 UF mensuales.
“En promedio, el fondo solidario otorgaría, por concepto de garantía definida, un promedio de $19.072 mensuales por mujer mayor de 65 años y una mediana de cero porque la mitad de ellas no recibiría nada”, plantea el texto. La garantía definida, explica el estudio, corresponde a 0,1UF por año cotizado con un tope de 3 UF.
El análisis concluyó que “sería mejor concentrar los esfuerzos en un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU, beneficio que asciende actualmente a un máximo de $206.173) y que eventualmente ésta sea diferenciado, lo cual tendría un efecto mucho más masivo y efectivo para reducir la desigualdad en las pensiones de mujeres y hombres”.
Dentro del análisis se expone que con el aumento tributario que ya se efectuó al royalty minero, de los ingresos crecientes que está teniendo el Estado por el litio, además de la posibilidad de reasignar gastos, existe la opción de reasignar recursos enfocándose en la mejora efectiva de las pensiones. En esa línea, un aumento de la PGU a $250.000 para el 100% de la población podría costar US$ 1.600 millones, lo que podría ser financiable con los ajustes tributarios antes mencionados, aunque también es parte del debate qué medidas incorporar para que este aumento universal de la PGU no termine incentivando la informalidad.
El Gobierno se ha abierto a no destinar la totalidad del 6% de cotización al fondo solidario, pero para los autores del estudio, ese factor no cambia el resultado final. “¿Vale la pena a que los jóvenes y la clase media se vean perjudicados a cambio de que otros se vean beneficiados? Si se mueve el fondo común de 6% a 4% esto no altera las conclusiones del estudio, es más las fortalece”, señalaron.
