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• Tras el acuerdo de 3 x 3, el Ejecutivo logró aprobar el proyecto en la Comisión de Trabajo, tras un acuerdo con el centro político y sin los votos de la derecha. Ahora, necesitan de 79 votos.

El proyecto de reforma de pensiones fue aprobado en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Este avance es parte de una serie de reformas propuestas por el Gobierno y ahora se encamina hacia la Comisión de Hacienda para su próxima evaluación.

Para lograr la aprobación, el Gobierno obtuvo el apoyo de partidos de centro político como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y Demócratas. La reforma incluye el término de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la instauración de un Seguro Social con un aporte del 3%, y la creación de un inversor público estatal. Estas medidas permitirán una mayor libertad en la elección de gestión del ahorro previsional.

El Gobierno, al lograr este apoyo, se aleja de su propuesta inicial que incluía un enfoque en el empleo formal de las mujeres. Este cambio en la estrategia se vio influenciado por la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que demostró la capacidad del Gobierno para obtener apoyo en situaciones críticas.

A pesar de la oposición de la derecha, el proyecto de pensiones ha avanzado significativamente en el proceso legislativo, mostrando la habilidad del Gobierno para negociar y avanzar en sus iniciativas de reforma.

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ha presentado tres acciones legales por injurias y calumnias. Las demandas se dirigen contra el empresario Jorge Errázuriz, el senador del Partido Socialista Fidel Espinoza, y el partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Jackson realizó el anuncio acompañado de su abogado Miguel Schürmann a las afueras del Centro de Justicia en Santiago.

El contexto de estas acciones legales es el denominado caso Convenios, en el que Jackson fue acusado por parlamentarios de estar involucrado en la desaparición de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social, así como en otros hechos relacionados. Jackson afirmó que está avanzando en demostrar su inocencia en las investigaciones.

En cuanto a las acciones específicas, la primera es una querella criminal contra Jorge Errázuriz, quien lo acusó en redes sociales de ser el autor del robo de los computadores y de ser el autor intelectual del caso Convenios, sin presentar pruebas. La segunda acción es una demanda por daño a la honra y difamación contra el senador Fidel Espinoza, quien se refirió a Jackson como «el líder de una banda criminal». La tercera acción es una medida prejudicial contra la UDI, relacionada con una carta emitida por sus parlamentarios al Presidente de la República, en la que lo acusan de delitos sin evidencia.

Jackson enfatizó la importancia de respetar los límites en el debate democrático y defendió su derecho a proteger su honra. Respecto a la demanda contra Espinoza, aseguró que no busca consecuencias políticas, sino una defensa jurídica de su honra personal y profesional. La medida contra la UDI busca determinar

 la responsabilidad de los firmantes de la carta o del partido en su conjunto, ya que los estatutos de la UDI indican que sus parlamentarios reflejan la voz del partido en el Congreso. Además, el presidente de la UDI, Javier Macaya, respaldó la carta públicamente.

Jackson espera que las acciones legales lleven a una rectificación por parte de los acusados y a una posible disculpa. Su enfoque se centra en la defensa de su reputación y en el impacto que estas acusaciones han tenido en su vida personal y profesional. Estas acciones legales subrayan la tensión y las disputas políticas en el contexto chileno, destacando la complejidad de las relaciones entre personalidades políticas y partidos.