A través de una columna la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, gremio que agrupa a empresas de origen estadounidense, criticó el enfoque actual de la reforma de pensiones y que ésta podría “aumentar costos y reducir la rentabilidad y la libertad de elección, sin claridad técnica”.
La reforma previsional recibió un balde de oxígeno la semana pasada cuando se llegó a un entendimiento entre el Gobierno y la oposición para votar el contenido del proyecto en enero próximo. Ahora que hay más tiempo disponible para debatir, diversos actores han sumado su visión al debate con el fin de aportar.
La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (Amcham), gremio que reúne a empresas de origen estadounidense que operan en Chile, publicó una columna en El Mercurio en la cual pidió focalizar el debate de la reforma en los tres elementos fundamentales que mejoran las pensiones, estos son: 1) aumentar la edad de jubilación; 2) establecer un mecanismo efectivo para incrementar los ahorros individuales; y 3) reducir la informalidad.
A través de su presidenta, Roberta Valenca, el gremio advirtió que, aparte del destino del 6%, se ha discutido largamente sobre la separación de la industria y licitación del stock de afiliados “con foco en la reducción de costos, pero abriendo riesgos para la calidad de servicio a las personas y potencialmente arriesgando la rentabilidad de sus pensiones”, afirma.
“Además, se han impulsado procesos adicionales que pueden aumentar costos y potencialmente reducir la rentabilidad y la libertad de elección, sin claridad técnica”, añade la presidenta de Amcham.
De acuerdo con la líder gremial, “lamentablemente, se ha generado un ambiente que no es idóneo para una discusión de esta importancia, con propuestas complejas y difíciles de implementar. Se percibe una ansiedad de todos los sectores por aprobar una reforma que aparece como la construcción de un ‘Frankenstein’, generando un clima cada día menos constructivo y que no conduce a una solución que mejore las pensiones de los chilenos”.
Valenca llamó a reconocer que un ‘Frankenstein’ no mejora las pensiones. “Tenemos que evaluar el impacto en el mercado de capitales y el crecimiento del país, enviando un mensaje de institucionalidad y seriedad a los inversionistas”, enfatizó.
La inflación en Chile alcanzó un 3,1% interanual en julio de 2024, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Durante el mes de julio, los precios al consumidor crecieron un 0,7%, impulsados principalmente por el aumento en los costos de alimentos y bebidas no alcohólicas, además del sector de transporte. Este repunte de la inflación se mantiene dentro de las expectativas del Banco Central, aunque sigue siendo un desafío para la economía nacional.
Con el indicador de julio, la inflación en Chile llegó al 3,1% en lo que va de 2024, dijo la institución en un comunicado.
“Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice”, apuntó el INE, quien agregó que el alza de julio se explica principalmente por el precio de los servicios de la vivienda y mantención del hogar.
El suministro de electricidad tuvo un incremento del 12% en julio, tras el reajuste de tarifas que empezó a aplicarse el mes pasado.
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La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, ha revelado que teme por su seguridad y denunció ser víctima de hostigamiento por parte del exmandatario Alberto Fernández, quien gobernó Argentina entre 2019 y 2023. Yáñez, quien ha presentado una denuncia formal por violencia de género contra Fernández, hizo estas declaraciones en una entrevista publicada el sábado por el portal informativo Infobae.
“Tengo que resguardarme, tengo miedo”, expresó Yáñez en su primera entrevista desde que se hicieron públicas fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro. Según la experiodista de 43 años, estos incidentes de violencia han llevado a que tema por su vida y solicite la intervención de la justicia.
Durante la entrevista, Yáñez relató un incidente reciente en el que, según ella, inhibidores impidieron que su automóvil funcionara, dejándola atrapada en su casa. “Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, afirmó, exigiendo que la justicia investigue el caso.
Yáñez también reveló que Fernández la amenazó durante dos meses, advirtiéndole que se suicidaría si ella tomaba ciertas acciones. “Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, señaló.
En referencia a un video que circuló recientemente, en el cual se escucha la voz de quien supuestamente es Fernández bromeando con una joven periodista en el despacho presidencial, Yáñez minimizó la importancia del material, sugiriendo que hay hechos mucho más graves. “Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”, declaró.
Además, Yáñez afirmó haber sido víctima de “acoso telefónico y terrorismo psicológico” por parte del exmandatario y lamentó que, a pesar de que “muchas personas” estaban al tanto de la situación de violencia en la pareja, no recibió ayuda durante el tiempo que ambos convivieron en la residencia presidencial de Buenos Aires.
Por su parte, Alberto Fernández, de 65 años, ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra, afirmando a través de las redes sociales que “la verdad de los hechos es otra”. La situación ha generado un fuerte impacto en la opinión pública argentina, que sigue de cerca el desarrollo de este delicado caso.
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, registró este lunes una caída del 12,40%, la segunda mayor en su historia, arrastrado por el fortalecimiento del yen tras la subida de tipos del Banco de Japón y el temor a una recesión en Estados Unidos.
El índice cerró en 31.458,42 puntos, perdiendo 4.451,28 unidades. Esta caída se suma a un descenso acumulado del 25,5% desde su máximo histórico en julio, cuando alcanzó los 42.426,77 puntos.
El índice Topix también retrocedió un 12,23%, reflejando la severidad de la situación en el mercado japonés.
El cambio en la política monetaria nipona amplificó el efecto de los temores a una desaceleración económica en EE.UU. tras unos datos de empleo mucho peor de lo esperado que desataron las especulaciones de un aumento del ritmo del recorte de tipos de interés, lo que deparó fuertes caídas también en otras bolsas asiáticas en este inicio de semana.
“Los inversores extranjeros están vendiendo acciones japonesas debido a la preocupación de que Estados Unidos pueda estar encaminándose hacia una recesión”, dijo Naka Matsuzawa, analista de la correduría Nomura Securities, en declaraciones recogidas por el diario económico Nikkei.
El senador Manuel José Ossandón calificó como “inmoral” rechazar la reforma de pensiones propuesta por el gobierno por razones políticas. Durante un debate en el Senado, Ossandón argumentó que bloquear la iniciativa por motivos ajenos al bienestar de los chilenos perjudica a millones de personas que dependen de un sistema de pensiones más justo y equitativo. Además, hizo un llamado a sus colegas parlamentarios a priorizar las necesidades del país y avanzar en la discusión para lograr una reforma que beneficie a todos los ciudadanos.
“Tenemos un deber moral para sacar esta reforma”, afirmó. “Chile no puede seguir bien esperando. No sacamos nada con hacer un sistema que se reviente de aquí en veinte años más y que no tengamos plata para pagar las pensiones”, añadió.
En esa línea, Ossandón abordó la expectativa irreal de que las pensiones aumentarán significativamente para todos. “Decirle a la gente que cree que la pensión le va a subir un montón, eso no va a ser así… hay un problema con la clase media”, dijo. “Ayer me paró una persona, y me dice, ya, si me va a subir la pensión, apúrese. Y le pregunté, ¿usted tiene la PGU? Sí. Oiga, no le va a subir la pensión, ya le subió”, ejemplificó.
El senador insistió en la necesidad de encontrar una solución sostenible que funcione a largo plazo. “Los economistas, los técnicos tienen que buscar una solución a que los números de esa solución o la que sea, tiene que resultar”, explicó.
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El abogado experto en materia previsional explicó aquellos puntos donde todavía no existe acuerdo para la reforma de pensiones.
Existe la presión del poder Ejecutivo para votar el proyecto de reforma previsional en julio del presente año. Así lo ha instruido la ministra Jeanette Jara, quien admitió que tiene preocupaciones de que la aprobación de la reforme se dilate más allá de las elecciones municipales, considerando los tiempos electorales.
Frente al estado actual de la reforma, el abogado experto en materia previsional y ex Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme analizó en Radio Pauta la reforma, apuntando que “lamentablemente, lo que pasó al Senado fue un cascarón que no tiene cuerpo, entonces, decir que quieres votar la idea de legislar, es realmente una irresponsabilidad. Yo lo tengo que entender como una presión política más que nada, pero el Senado está super racional en ese sentido, y para votar una idea de legislar, debes tener una idea o, al menos algo consensuado”.
Adicionalmente, existen dos temas que preocupan al experto. Uno de ellos es la inercia de los afiliados al precio y a las pensiones como producto en general. “Tu te pensionas en 40 años más o 30 años más mientras atiendes miles necesidades presentes, es poca la preocupación por la pensión futura, por eso existe la seguridad social como ahorro obligatorio”, planteó Charme.
Licitación de Stock
Con respecto a la licitación de afiliados antiguos a una nueva AFP -que es una de las soluciones que plantea la reforma con la idea de romper la inercia de los afiliados-, Charme expuso: “No conozco otro mercado o rubro donde estés licitando clientes, porque en el fondo, ya es una barrera de entrada ¿Qué empresa va a querer entrar a una industria en que todos los años te van a quitar al 10% de tu clientela? (…) quiere decir que todos los años el Estado te va a quitar ese segmento de la cartera de afiliados”.
Además, agregó el experto “postular una licitación de afiliados antiguos -que es la que suena que podría venir- la verdad es que es una bomba al sistema de pensiones, porque el factor para quien gana la licitación es el precio y tienes afiliados antiguos en que el precio no tiene ninguna o poquísima relevancia, sino que lo que realmente importa es la rentabilidad”, enfatizó el ex Fiscal de la SP.
De ese modo, el experto prevé que esta idea de licitación terminaría por acotar los costos para el que gana la licitación lo cual implica “perder innovación, productividad e inversión en equipo para mejorar rentabilidades”, entre otros aspectos, y eso podría llevar a que se pague menos comisión, pero que afiliados pierdan recursos de sus fondos por lo que deja de ganar en rentabilidad en el largo plazo.
Por último, Charme sostuvo que la licitación “como modelo no sé a que apunta (…) hay otros mecanismos que permiten el ingreso de nuevos actores que no necesariamente implican quedarnos pegados en una licitación que concentra el mercado, y nosotros en realidad queremos el ingreso de nuevos actores”, cerró.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha sido liberado después de años de encarcelamiento y disputas legales. La noticia ha sido confirmada por WikiLeaks, señalando el fin de una larga batalla judicial que incluyó cargos por espionaje y la publicación de documentos clasificados. Assange, que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta 2019, fue arrestado por las autoridades británicas y enfrentó la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos.
Su liberación ha sido recibida con júbilo por defensores de la libertad de prensa y derechos humanos, quienes ven su caso como emblemático en la lucha contra la censura y la protección de los denunciantes. Assange ha sido una figura controvertida, elogiada por su contribución a la transparencia gubernamental, pero también criticada por los métodos utilizados para obtener y difundir información.
Durante su detención, varias organizaciones y figuras públicas abogaron por su liberación, destacando los riesgos para su salud y el impacto en la libertad de prensa a nivel mundial. La decisión de liberarlo marca un punto crucial en el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Assange, ahora libre, planea continuar su trabajo y posiblemente dedicarse a causas relacionadas con la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos. Su caso seguirá siendo un referente en la discusión global sobre el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia.
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A pesar de recientes escándalos, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas siguen siendo las instituciones que generan más confianza en Chile, según un informe de Ipsos. La encuesta, realizada en mayo, muestra que el 56% de los chilenos confía en Carabineros, el 53% en la PDI, el 49% en las Fuerzas Armadas y el 46% en el Ejército. En contraste, los partidos políticos, el Senado y la Cámara de Diputados generan la menor confianza, con solo un 10%, 12% y 13% respectivamente.
A pesar de estos niveles de confianza, la percepción de probidad es menor. Carabineros tiene un 41% de probidad percibida, la PDI un 43%, las Fuerzas Armadas un 37% y el Ejército un 34%. Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos, señaló la importancia de la confianza en las instituciones policiales para la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen.
Carabineros enfrenta críticas por su efectividad en la detención de líderes del narcotráfico y en la investigación de asaltos. El caso de corrupción policial “Los Pulpos Verdes” y la implicación de altos mandos en omisiones durante las protestas de 2019 han afectado su imagen.
El informe también aborda la percepción pública del Ejército tras la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre, y la absolución del excomandante Juan Miguel Fuente-Alba en un caso de lavado de activos. Estos eventos han generado opiniones divididas sobre la efectividad y probidad de estas instituciones.
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El gobierno español ha decidido retirar a su embajadora en Argentina, luego de un incidente diplomático con Javier Milei, el polémico candidato presidencial argentino. Milei se negó a disculparse por comentarios despectivos hacia España, generando tensiones entre ambos países. La embajadora María Jesús Alonso fue llamada de vuelta a Madrid en respuesta a la situación.
Este hecho marca un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, subrayando las sensibilidades en el ámbito internacional y las repercusiones de la retórica política.
Según el ministro de Asuntos Exteriores español, la situación con Argentina es un caso “no sólo único para este Gobierno sino también en la historia de las relaciones internacionales y diplomáticas”.
“No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones”, señaló José Manuel Albares.
La polémica explotó el domingo, cuando Milei, en una convención de políticos de ultraderecha organizada por el partido español Vox en Madrid, criticó duramente las “ideas del socialismo”.
Los desafíos asociados con la participación ciudadana abarcan desde la necesidad de superar la desconfianza de las comunidades locales, hasta asegurar que los proyectos de energía se desarrollen de manera equitativa y sostenible.
En el entorno actual de la industria energética en Chile, figuras como Paola Basaure Barros, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transelec, están redefiniendo la forma de liderar proyectos energéticos a través de sólidos pilares de desarrollo basados en la transparencia y la participación ciudadana.
La participación e integración de las comunidades en la consulta y diseño de proyectos que impactarán sus vida diaria, contribuye a mitigar posibles conflictos sociales y ambientales que pueden surgir con el desarrollo de infraestructura no sólo energética sino también de minería, portuaria o de otras industrias.
En este sentido, los desafíos y necesidades actuales demandan la importancia de que el Estado adopte un rol más activo en convocar y facilitar la participación ciudadana, creando espacios donde diferentes actores, incluidos ciudadanos organizados y grupos de interés, puedan contribuir activamente a la formulación de políticas.
Desde Transelec, Basaure ha integrado activamente este enfoque en la planificación y ejecución de proyectos, lo que ha demostrado ser fundamental para el éxito y aceptación por parte de las comunidades involucradas.
¿Qué es la participación ciudadana y cómo se aplica en el sector energético?
Gracias a su sólida experiencia en procesos de planificación y aprobación de proyectos, Paola Basaure se ha posicionado como una profesional con convicción en el diálogo transparente cuando se trata de formas de desarrollo sustentable y liderazgo de equipos.
Este trabajo aplicado a las comunidades no solo mejora la percepción de los proyectos, sino que también, contribuye a un diseño más inclusivo y efectivo. Esto se alinea con iniciativas observadas en el país, donde la participación ciudadana es vista como clave para abordar con éxito la transición energética, superando desafíos de acceso y equidad en el abastecimiento energético.
Globalmente, las urgencias y demandas obligan a las empresas a trabajar en el desarrollo de proyectos que aseguren un suministro de energía seguro, constante y adecuado para las demandas económicas. pero que también sea respetuoso con el medio ambiente, minimizando impactos locales como la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Chile, estos esfuerzos los ha comandado Transelec, que aprovechando su liderazgo en la industria energética ha posicionado la temática como parte de su política interna de sostenibilidad a través de prácticas de consulta y participación.
Desde la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Paola Basaure se encuentra a cargo de la planificación estratégica, desarrollo y seguimiento de iniciativas de participación ciudadana, promoviendo mesas de trabajo y diálogo.
“Entender y gestionar la participación ciudadana es fundamental para el éxito de cualquier proyecto ambiental o energético. Desde el inicio, mi enfoque profesional ha sido crear un diálogo transparente y constructivo con las comunidades. Esto no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que también fortalece la confianza y el apoyo de la comunidad”, detalla Paola Basaure.
Por ejemplo, estos procesos han sido fundamentales en la formulación e implementación de la política energética de largo plazo, especialmente a través del proceso “Energía 2050”, dirigido por el Ministerio de Energía durante los últimos cuatro años.
Para empresas como Transelec y liderazgos como los de Basaure, se trata de influir positivamente en el diseño de políticas públicas que impactarán a la sociedad en su conjunto.
Se trata del involucramiento activo de las diferentes comunidades, ciudadanos y ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas y entorno.
Desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en la normativa: “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.
Impacto de la participación ciudadana en la planificación energética
La experiencia de integración de la participación ciudadana en los proyectos liderados por Paola Basaure no solo refleja un compromiso con el desarrollo sostenible, sino que también, destaca la profundidad de su visión estratégica para crear proyectos más aceptados y exitosos, contribuyendo así a elaborar mejores propuestas para el sector en el país.
Los procesos de participación ciudadana en proyectos de energía son cruciales para asegurar el desarrollo sostenible y la aceptación social de estos desarrollos a nivel global. Las metodologías empleadas varían desde consultas públicas y talleres de trabajo hasta paneles de discusión y comisiones que involucran a diversos actores sociales, incluidas las comunidades.
Estos procesos buscan informar a la población sobre los beneficios y riesgos de los proyectos, la convivencia armónica y el emplazamiento de la infraestructura, en coordinación con autoridades y las mismas comunidades, donde se recogerán sus opiniones y preocupaciones.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas promueve la participación ciudadana como un componente esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que se refiere a proyectos de gran impacto ambiental y social.
Desafíos y estrategias para mejorar la participación ciudadana
La integración de las comunidades en el diálogo y el desarrollo de proyectos permite una construcción de relaciones de confianza sólidas y en la mitigación de posibles conflictos socioambientales.
Por ejemplo, en países con una rica dotación de recursos naturales, la adopción de una política de participación comunitaria no solo ha demostrado ser un factor que contribuye a la estabilidad operativa, también mejora la imagen pública de las empresas involucradas.
Esto es particularmente importante en contextos donde los proyectos pueden alterar el modo de vida local o el entorno natural. La implementación de buenas prácticas de participación ciudadana resulta en una mayor transparencia y responsabilidad, fortaleciendo el tejido social y promoviendo un desarrollo más justo.
En relación al impacto a largo plazo y a los conocidos conflictos en torno a las materias energéticas, fenómenos como la judicialización de estos conflictos evidencia la falta de otros mecanismos de resolución y diálogo, ya sean procedimientos administrativos con autoridades, participación activa de la comunidad a través de las empresas o mediaciones.
Por otro lado, la legislación local al no incluir referencias medioambientales explícitas en la Constitución, permite que herramientas como los recursos de protección se conviertan en la principal fuente de acciones judiciales para proteger el medio ambiente.
En ese sentido, la importancia de adoptar medidas y una actitud corporativa proactiva puede hacer la diferencia para un crecimiento paralelo de empresas y comunidades. Desde Transelec, comenta Paola Basaure, uno de los pilares de la política de sostenibilidad se enfoca en la vinculación comunitaria.
El desarrollo de nuevos proyectos de transmisión se aborda con una mirada multidisciplinaria que integra las dimensiones ambiental y social, desde la fase de planificación y estudio, hasta la fase de explotación.
Esta mirada consciente permite identificar y evaluar tempranamente el potencial impacto más allá del cumplimiento legal, permitiendo analizar alternativas, cumplimiento de normas y diseño de medidas de mitigación, compensación o reparación, siempre en contacto con las comunidades.
El valor del diálogo abierto, según Basaure, permite fortalecer estas medidas: “es lo que redefine los liderazgos en un mundo dominado por la urgencia ambiental. Si no somos capaces de contribuir como actores de cambio y diálogo no lograremos alcanzar el desarrollo conjunto”, reflexiona.
Sin embargo el desafío es aún más grande. Lamentablemente el historial del país en materia medioambiental refleja una escasez de políticas y material, limitándose a la información contenida en los procesos de evaluación de impacto ambiental, que generalmente no incluyen a toda la sociedad civil.
Para revertir eso, Transelec se enfoca en la implementación de procesos de participación anticipada e inversión, en donde se incluye a todos los actores de la sociedad que puedan realmente tener una posible afectación en sus entornos, a raíz de la implementación de algún proyecto.
En síntesis, según Paola Basaure, el desarrollo de este tipo de iniciativas e instancias son el primer paso para el diseño e implementación de proyectos en áreas tan críticas como la energía, donde las necesidades van de la mano con superar la crisis medioambiental y de consumo del país, además de dotar de más herramientas a la ciudadanía en base a sus propias necesidades.
