El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, registró este lunes una caída del 12,40%, la segunda mayor en su historia, arrastrado por el fortalecimiento del yen tras la subida de tipos del Banco de Japón y el temor a una recesión en Estados Unidos.
El índice cerró en 31.458,42 puntos, perdiendo 4.451,28 unidades. Esta caída se suma a un descenso acumulado del 25,5% desde su máximo histórico en julio, cuando alcanzó los 42.426,77 puntos.
El índice Topix también retrocedió un 12,23%, reflejando la severidad de la situación en el mercado japonés.
El cambio en la política monetaria nipona amplificó el efecto de los temores a una desaceleración económica en EE.UU. tras unos datos de empleo mucho peor de lo esperado que desataron las especulaciones de un aumento del ritmo del recorte de tipos de interés, lo que deparó fuertes caídas también en otras bolsas asiáticas en este inicio de semana.
“Los inversores extranjeros están vendiendo acciones japonesas debido a la preocupación de que Estados Unidos pueda estar encaminándose hacia una recesión”, dijo Naka Matsuzawa, analista de la correduría Nomura Securities, en declaraciones recogidas por el diario económico Nikkei.
El senador Manuel José Ossandón calificó como “inmoral” rechazar la reforma de pensiones propuesta por el gobierno por razones políticas. Durante un debate en el Senado, Ossandón argumentó que bloquear la iniciativa por motivos ajenos al bienestar de los chilenos perjudica a millones de personas que dependen de un sistema de pensiones más justo y equitativo. Además, hizo un llamado a sus colegas parlamentarios a priorizar las necesidades del país y avanzar en la discusión para lograr una reforma que beneficie a todos los ciudadanos.
“Tenemos un deber moral para sacar esta reforma”, afirmó. “Chile no puede seguir bien esperando. No sacamos nada con hacer un sistema que se reviente de aquí en veinte años más y que no tengamos plata para pagar las pensiones”, añadió.
En esa línea, Ossandón abordó la expectativa irreal de que las pensiones aumentarán significativamente para todos. “Decirle a la gente que cree que la pensión le va a subir un montón, eso no va a ser así… hay un problema con la clase media”, dijo. “Ayer me paró una persona, y me dice, ya, si me va a subir la pensión, apúrese. Y le pregunté, ¿usted tiene la PGU? Sí. Oiga, no le va a subir la pensión, ya le subió”, ejemplificó.
El senador insistió en la necesidad de encontrar una solución sostenible que funcione a largo plazo. “Los economistas, los técnicos tienen que buscar una solución a que los números de esa solución o la que sea, tiene que resultar”, explicó.
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El abogado experto en materia previsional explicó aquellos puntos donde todavía no existe acuerdo para la reforma de pensiones.
Existe la presión del poder Ejecutivo para votar el proyecto de reforma previsional en julio del presente año. Así lo ha instruido la ministra Jeanette Jara, quien admitió que tiene preocupaciones de que la aprobación de la reforme se dilate más allá de las elecciones municipales, considerando los tiempos electorales.
Frente al estado actual de la reforma, el abogado experto en materia previsional y ex Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme analizó en Radio Pauta la reforma, apuntando que “lamentablemente, lo que pasó al Senado fue un cascarón que no tiene cuerpo, entonces, decir que quieres votar la idea de legislar, es realmente una irresponsabilidad. Yo lo tengo que entender como una presión política más que nada, pero el Senado está super racional en ese sentido, y para votar una idea de legislar, debes tener una idea o, al menos algo consensuado”.
Adicionalmente, existen dos temas que preocupan al experto. Uno de ellos es la inercia de los afiliados al precio y a las pensiones como producto en general. “Tu te pensionas en 40 años más o 30 años más mientras atiendes miles necesidades presentes, es poca la preocupación por la pensión futura, por eso existe la seguridad social como ahorro obligatorio”, planteó Charme.
Licitación de Stock
Con respecto a la licitación de afiliados antiguos a una nueva AFP -que es una de las soluciones que plantea la reforma con la idea de romper la inercia de los afiliados-, Charme expuso: “No conozco otro mercado o rubro donde estés licitando clientes, porque en el fondo, ya es una barrera de entrada ¿Qué empresa va a querer entrar a una industria en que todos los años te van a quitar al 10% de tu clientela? (…) quiere decir que todos los años el Estado te va a quitar ese segmento de la cartera de afiliados”.
Además, agregó el experto “postular una licitación de afiliados antiguos -que es la que suena que podría venir- la verdad es que es una bomba al sistema de pensiones, porque el factor para quien gana la licitación es el precio y tienes afiliados antiguos en que el precio no tiene ninguna o poquísima relevancia, sino que lo que realmente importa es la rentabilidad”, enfatizó el ex Fiscal de la SP.
De ese modo, el experto prevé que esta idea de licitación terminaría por acotar los costos para el que gana la licitación lo cual implica “perder innovación, productividad e inversión en equipo para mejorar rentabilidades”, entre otros aspectos, y eso podría llevar a que se pague menos comisión, pero que afiliados pierdan recursos de sus fondos por lo que deja de ganar en rentabilidad en el largo plazo.
Por último, Charme sostuvo que la licitación “como modelo no sé a que apunta (…) hay otros mecanismos que permiten el ingreso de nuevos actores que no necesariamente implican quedarnos pegados en una licitación que concentra el mercado, y nosotros en realidad queremos el ingreso de nuevos actores”, cerró.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha sido liberado después de años de encarcelamiento y disputas legales. La noticia ha sido confirmada por WikiLeaks, señalando el fin de una larga batalla judicial que incluyó cargos por espionaje y la publicación de documentos clasificados. Assange, que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta 2019, fue arrestado por las autoridades británicas y enfrentó la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos.
Su liberación ha sido recibida con júbilo por defensores de la libertad de prensa y derechos humanos, quienes ven su caso como emblemático en la lucha contra la censura y la protección de los denunciantes. Assange ha sido una figura controvertida, elogiada por su contribución a la transparencia gubernamental, pero también criticada por los métodos utilizados para obtener y difundir información.
Durante su detención, varias organizaciones y figuras públicas abogaron por su liberación, destacando los riesgos para su salud y el impacto en la libertad de prensa a nivel mundial. La decisión de liberarlo marca un punto crucial en el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Assange, ahora libre, planea continuar su trabajo y posiblemente dedicarse a causas relacionadas con la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos. Su caso seguirá siendo un referente en la discusión global sobre el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia.
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A pesar de recientes escándalos, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas siguen siendo las instituciones que generan más confianza en Chile, según un informe de Ipsos. La encuesta, realizada en mayo, muestra que el 56% de los chilenos confía en Carabineros, el 53% en la PDI, el 49% en las Fuerzas Armadas y el 46% en el Ejército. En contraste, los partidos políticos, el Senado y la Cámara de Diputados generan la menor confianza, con solo un 10%, 12% y 13% respectivamente.
A pesar de estos niveles de confianza, la percepción de probidad es menor. Carabineros tiene un 41% de probidad percibida, la PDI un 43%, las Fuerzas Armadas un 37% y el Ejército un 34%. Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos, señaló la importancia de la confianza en las instituciones policiales para la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen.
Carabineros enfrenta críticas por su efectividad en la detención de líderes del narcotráfico y en la investigación de asaltos. El caso de corrupción policial “Los Pulpos Verdes” y la implicación de altos mandos en omisiones durante las protestas de 2019 han afectado su imagen.
El informe también aborda la percepción pública del Ejército tras la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre, y la absolución del excomandante Juan Miguel Fuente-Alba en un caso de lavado de activos. Estos eventos han generado opiniones divididas sobre la efectividad y probidad de estas instituciones.
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El gobierno español ha decidido retirar a su embajadora en Argentina, luego de un incidente diplomático con Javier Milei, el polémico candidato presidencial argentino. Milei se negó a disculparse por comentarios despectivos hacia España, generando tensiones entre ambos países. La embajadora María Jesús Alonso fue llamada de vuelta a Madrid en respuesta a la situación.
Este hecho marca un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, subrayando las sensibilidades en el ámbito internacional y las repercusiones de la retórica política.
Según el ministro de Asuntos Exteriores español, la situación con Argentina es un caso “no sólo único para este Gobierno sino también en la historia de las relaciones internacionales y diplomáticas”.
“No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones”, señaló José Manuel Albares.
La polémica explotó el domingo, cuando Milei, en una convención de políticos de ultraderecha organizada por el partido español Vox en Madrid, criticó duramente las “ideas del socialismo”.
Los desafíos asociados con la participación ciudadana abarcan desde la necesidad de superar la desconfianza de las comunidades locales, hasta asegurar que los proyectos de energía se desarrollen de manera equitativa y sostenible.
En el entorno actual de la industria energética en Chile, figuras como Paola Basaure Barros, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transelec, están redefiniendo la forma de liderar proyectos energéticos a través de sólidos pilares de desarrollo basados en la transparencia y la participación ciudadana.
La participación e integración de las comunidades en la consulta y diseño de proyectos que impactarán sus vida diaria, contribuye a mitigar posibles conflictos sociales y ambientales que pueden surgir con el desarrollo de infraestructura no sólo energética sino también de minería, portuaria o de otras industrias.
En este sentido, los desafíos y necesidades actuales demandan la importancia de que el Estado adopte un rol más activo en convocar y facilitar la participación ciudadana, creando espacios donde diferentes actores, incluidos ciudadanos organizados y grupos de interés, puedan contribuir activamente a la formulación de políticas.
Desde Transelec, Basaure ha integrado activamente este enfoque en la planificación y ejecución de proyectos, lo que ha demostrado ser fundamental para el éxito y aceptación por parte de las comunidades involucradas.
¿Qué es la participación ciudadana y cómo se aplica en el sector energético?
Gracias a su sólida experiencia en procesos de planificación y aprobación de proyectos, Paola Basaure se ha posicionado como una profesional con convicción en el diálogo transparente cuando se trata de formas de desarrollo sustentable y liderazgo de equipos.
Este trabajo aplicado a las comunidades no solo mejora la percepción de los proyectos, sino que también, contribuye a un diseño más inclusivo y efectivo. Esto se alinea con iniciativas observadas en el país, donde la participación ciudadana es vista como clave para abordar con éxito la transición energética, superando desafíos de acceso y equidad en el abastecimiento energético.
Globalmente, las urgencias y demandas obligan a las empresas a trabajar en el desarrollo de proyectos que aseguren un suministro de energía seguro, constante y adecuado para las demandas económicas. pero que también sea respetuoso con el medio ambiente, minimizando impactos locales como la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Chile, estos esfuerzos los ha comandado Transelec, que aprovechando su liderazgo en la industria energética ha posicionado la temática como parte de su política interna de sostenibilidad a través de prácticas de consulta y participación.
Desde la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Paola Basaure se encuentra a cargo de la planificación estratégica, desarrollo y seguimiento de iniciativas de participación ciudadana, promoviendo mesas de trabajo y diálogo.
“Entender y gestionar la participación ciudadana es fundamental para el éxito de cualquier proyecto ambiental o energético. Desde el inicio, mi enfoque profesional ha sido crear un diálogo transparente y constructivo con las comunidades. Esto no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que también fortalece la confianza y el apoyo de la comunidad”, detalla Paola Basaure.
Por ejemplo, estos procesos han sido fundamentales en la formulación e implementación de la política energética de largo plazo, especialmente a través del proceso “Energía 2050”, dirigido por el Ministerio de Energía durante los últimos cuatro años.
Para empresas como Transelec y liderazgos como los de Basaure, se trata de influir positivamente en el diseño de políticas públicas que impactarán a la sociedad en su conjunto.
Se trata del involucramiento activo de las diferentes comunidades, ciudadanos y ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas y entorno.
Desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en la normativa: “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.
Impacto de la participación ciudadana en la planificación energética
La experiencia de integración de la participación ciudadana en los proyectos liderados por Paola Basaure no solo refleja un compromiso con el desarrollo sostenible, sino que también, destaca la profundidad de su visión estratégica para crear proyectos más aceptados y exitosos, contribuyendo así a elaborar mejores propuestas para el sector en el país.
Los procesos de participación ciudadana en proyectos de energía son cruciales para asegurar el desarrollo sostenible y la aceptación social de estos desarrollos a nivel global. Las metodologías empleadas varían desde consultas públicas y talleres de trabajo hasta paneles de discusión y comisiones que involucran a diversos actores sociales, incluidas las comunidades.
Estos procesos buscan informar a la población sobre los beneficios y riesgos de los proyectos, la convivencia armónica y el emplazamiento de la infraestructura, en coordinación con autoridades y las mismas comunidades, donde se recogerán sus opiniones y preocupaciones.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas promueve la participación ciudadana como un componente esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que se refiere a proyectos de gran impacto ambiental y social.
Desafíos y estrategias para mejorar la participación ciudadana
La integración de las comunidades en el diálogo y el desarrollo de proyectos permite una construcción de relaciones de confianza sólidas y en la mitigación de posibles conflictos socioambientales.
Por ejemplo, en países con una rica dotación de recursos naturales, la adopción de una política de participación comunitaria no solo ha demostrado ser un factor que contribuye a la estabilidad operativa, también mejora la imagen pública de las empresas involucradas.
Esto es particularmente importante en contextos donde los proyectos pueden alterar el modo de vida local o el entorno natural. La implementación de buenas prácticas de participación ciudadana resulta en una mayor transparencia y responsabilidad, fortaleciendo el tejido social y promoviendo un desarrollo más justo.
En relación al impacto a largo plazo y a los conocidos conflictos en torno a las materias energéticas, fenómenos como la judicialización de estos conflictos evidencia la falta de otros mecanismos de resolución y diálogo, ya sean procedimientos administrativos con autoridades, participación activa de la comunidad a través de las empresas o mediaciones.
Por otro lado, la legislación local al no incluir referencias medioambientales explícitas en la Constitución, permite que herramientas como los recursos de protección se conviertan en la principal fuente de acciones judiciales para proteger el medio ambiente.
En ese sentido, la importancia de adoptar medidas y una actitud corporativa proactiva puede hacer la diferencia para un crecimiento paralelo de empresas y comunidades. Desde Transelec, comenta Paola Basaure, uno de los pilares de la política de sostenibilidad se enfoca en la vinculación comunitaria.
El desarrollo de nuevos proyectos de transmisión se aborda con una mirada multidisciplinaria que integra las dimensiones ambiental y social, desde la fase de planificación y estudio, hasta la fase de explotación.
Esta mirada consciente permite identificar y evaluar tempranamente el potencial impacto más allá del cumplimiento legal, permitiendo analizar alternativas, cumplimiento de normas y diseño de medidas de mitigación, compensación o reparación, siempre en contacto con las comunidades.
El valor del diálogo abierto, según Basaure, permite fortalecer estas medidas: “es lo que redefine los liderazgos en un mundo dominado por la urgencia ambiental. Si no somos capaces de contribuir como actores de cambio y diálogo no lograremos alcanzar el desarrollo conjunto”, reflexiona.
Sin embargo el desafío es aún más grande. Lamentablemente el historial del país en materia medioambiental refleja una escasez de políticas y material, limitándose a la información contenida en los procesos de evaluación de impacto ambiental, que generalmente no incluyen a toda la sociedad civil.
Para revertir eso, Transelec se enfoca en la implementación de procesos de participación anticipada e inversión, en donde se incluye a todos los actores de la sociedad que puedan realmente tener una posible afectación en sus entornos, a raíz de la implementación de algún proyecto.
En síntesis, según Paola Basaure, el desarrollo de este tipo de iniciativas e instancias son el primer paso para el diseño e implementación de proyectos en áreas tan críticas como la energía, donde las necesidades van de la mano con superar la crisis medioambiental y de consumo del país, además de dotar de más herramientas a la ciudadanía en base a sus propias necesidades.
Un grupo de diputados ha presentado una iniciativa legislativa que busca facilitar la participación electoral de personas mayores de 70 años y aquellas con discapacidades severas, mediante la exención de multas electorales.
La propuesta pretende modificar la Ley Nº18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios para introducir esta nueva disposición.
El proyecto apunta a dos grupos específicos que suelen enfrentar barreras significativas para votar debido a su condición física o edad.
Estos grupos son las personas mayores de 70 años y aquellos con un grado de discapacidad física superior al 50%, tal como figura en el Registro Nacional de Discapacidad.
La iniciativa propone que el Servicio Electoral verifique estas condiciones a través del mencionado registro para evitar la necesidad de presentar estos antecedentes ante los juzgados de policía local, lo que actualmente puede resultar en multas.
Los autores de la propuesta destacan que, a pesar de las leyes existentes que promueven la inclusión social y accesibilidad universal, muchos centros de votación aún no están adecuadamente equipados para atender a personas con movilidad reducida.
Adicionalmente, destacan la falta de transporte público adecuado y la insuficiente información sobre los procesos electorales como barreras adicionales que enfrentan estas personas.
El proyecto ya ha sido remitido a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se encuentra en primer trámite constitucional.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile valoró el anuncio del proyecto que busca la condonación del CAE (Crédito Aval del Estado) ya que fue un compromiso de campaña del actual mandatario, pero le recordaron que también existe un compromiso con la reparación de la deuda histórica que afecta a miles de docentes.
El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, afirmó que “nos parece bien que los compromisos presidenciales se cumplan, que los gobernantes cumplan aquello que prometen durante las campañas”.
De hecho sumó a sus palabras que “hay un alto número de docentes hoy en ejercicio, que tienen contraída una deuda importante por haber estudiado y titularse de profesores. Hay muchas hijas e hijos de docentes que debieron endeudarse para estudiar y poder sacar su carrera”.
Pero al mismo tiempo subrayó que “es valiosos que los compromisos se cumplan” y ese cumplimiento debe incluir el compromiso con la solución de la demanda histórica del profesorado.
“El Presidente Boric lo ha reiterado, lo ha dicho durante toda su gestión, ha dicho que va a cumplir. Esperamos que ese compromiso sea a la brevedad, que pronto se pueda cumplir, porque son muchos los años de espera, ya van 43”, recordó el presidente de los profesores, Mario Aguilar, e insistió en que “los candidatos deben tener la responsabilidad con cada uno de sus compromisos, la ciudadanía se los va a cobrar y es lo que ocurre hoy con el CAE y la deuda histórica”.
Cuenta pública Mineduc: Deuda histórica
El líder gremial realizó estas declaraciones tras la presentación de la Cuenta Pública del Ministerio de Educación realizada por el ministro Nicolás Cataldo en el Centro Educacional Bicentenario de Huechuraba, en la Región Metropolitana.
Respecto al balance anual del Mineduc, Aguilar opinó “hay definiciones que nos parecieron interesantes, como avanzar en una educación integral, dejar de lado las visiones estandarizadas, meramente cuantitativas de la educación”
Pero eso, dijo, “no puede quedar sólo en lo declarativo. Para avanzar concretamente falta muchísimo todavía, se debe concretar política y efectivamente, para que pasemos a una educación que atienda lo emocional, lo social y que no se preocupe únicamente de la competencia”.
“Compartimos muchos de los principios, pero creemos que hay distancia entre lo que se señala como aspiraciones a modificar nuestra política educacional, respecto a lo que sucede día a día en la sala de clases”, sostuvo el líder docente.
En una semana marcada por los resultados de Licitación de Suministro Eléctrico 2023/01, donde Enel se adjudicó el total de los 3.600 MWh/año licitados, este jueves, la Comisión Nacional de Energía (CNE) entregó los resultados de un estudio encargado a la Consultora Criteria, destinado a recoger la percepción del mercado de este tipo de procesos, así como los resultados de su última versión.
Pese a que la medición, enfocada en 69 ejecutivos, tuvo una baja tasa de cobertura, al conseguir 25 respuestas (36% del total), sus resultados igualmente permiten dar cuenta de las razones de la baja participación que recibió el proceso, donde finalmente ofertaron 5 empresas, cifra menor a las registradas en años anteriores, cuando al menos 15 firmas competían por entregar el suministro eléctrico a los clientes regulados del mercado nacional.
El principal hallazgo de la medición apuntó a tres factores como los principales que afectaron la posibilidad de participar en las ofertas. Estos fueron las dificultades de financiamiento, las condiciones del mercado de generación y las dificultades para obtener permisos, alternativas que marcaron 15, 13 y 12 de los 25 ejecutivos que respondieron la encuesta, respectivamente. Otras razones esgrimidas, aunque por un menor número de ejecutivos, fueron decisiones corporativas como priorizar portafolios en ejecución, restructuraciones y venta de activos, las que afectan mucho o bastante la participación.
La medición reveló además que el polémico traspaso de los costos sistémicos a clientes regulados fue visto, por lejos, como el principal aspecto que afectó el último proceso, tras las modificaciones en las bases de licitación. Dicha opción fue escogida por 18 de los 25 ejecutivos, quienes aseguraron que el factor afectó “mucho” el proceso. Le siguió la zonificación de la demanda y puntos de oferta diferenciados, con 12 ejecutivos calificando como “bastante” su afectación, y con 11 preferencias las exigencias de capacidad esperada de producción total anual.
Así, entre los aspectos a mejorar en los futuros procesos de licitación, entre las principales respuestas abiertas de los encuestados surgieron aspectos como la transparencia y estabilidad regulatoria, y las condiciones económicas. Así, se planteó como necesario “aumentar la confianza en el sistema con políticas claras y estables”, y “proteger contra cambios abruptos como congelamiento de tarifas”.
Un aspecto criticado también fue el precio de reserva estimado por la CNE, el que la mayor parte de las ofertas sobrepasó. En eso, las sugerencias apuntan a establecer dicho precio “con el mercado y mejorar incentivos financieros para sistemas de almacenamiento”.
