El gobierno español ha decidido retirar a su embajadora en Argentina, luego de un incidente diplomático con Javier Milei, el polémico candidato presidencial argentino. Milei se negó a disculparse por comentarios despectivos hacia España, generando tensiones entre ambos países. La embajadora María Jesús Alonso fue llamada de vuelta a Madrid en respuesta a la situación.
Este hecho marca un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, subrayando las sensibilidades en el ámbito internacional y las repercusiones de la retórica política.
Según el ministro de Asuntos Exteriores español, la situación con Argentina es un caso “no sólo único para este Gobierno sino también en la historia de las relaciones internacionales y diplomáticas”.
“No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones”, señaló José Manuel Albares.
La polémica explotó el domingo, cuando Milei, en una convención de políticos de ultraderecha organizada por el partido español Vox en Madrid, criticó duramente las “ideas del socialismo”.
Los desafíos asociados con la participación ciudadana abarcan desde la necesidad de superar la desconfianza de las comunidades locales, hasta asegurar que los proyectos de energía se desarrollen de manera equitativa y sostenible.
En el entorno actual de la industria energética en Chile, figuras como Paola Basaure Barros, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transelec, están redefiniendo la forma de liderar proyectos energéticos a través de sólidos pilares de desarrollo basados en la transparencia y la participación ciudadana.
La participación e integración de las comunidades en la consulta y diseño de proyectos que impactarán sus vida diaria, contribuye a mitigar posibles conflictos sociales y ambientales que pueden surgir con el desarrollo de infraestructura no sólo energética sino también de minería, portuaria o de otras industrias.
En este sentido, los desafíos y necesidades actuales demandan la importancia de que el Estado adopte un rol más activo en convocar y facilitar la participación ciudadana, creando espacios donde diferentes actores, incluidos ciudadanos organizados y grupos de interés, puedan contribuir activamente a la formulación de políticas.
Desde Transelec, Basaure ha integrado activamente este enfoque en la planificación y ejecución de proyectos, lo que ha demostrado ser fundamental para el éxito y aceptación por parte de las comunidades involucradas.
¿Qué es la participación ciudadana y cómo se aplica en el sector energético?
Gracias a su sólida experiencia en procesos de planificación y aprobación de proyectos, Paola Basaure se ha posicionado como una profesional con convicción en el diálogo transparente cuando se trata de formas de desarrollo sustentable y liderazgo de equipos.
Este trabajo aplicado a las comunidades no solo mejora la percepción de los proyectos, sino que también, contribuye a un diseño más inclusivo y efectivo. Esto se alinea con iniciativas observadas en el país, donde la participación ciudadana es vista como clave para abordar con éxito la transición energética, superando desafíos de acceso y equidad en el abastecimiento energético.
Globalmente, las urgencias y demandas obligan a las empresas a trabajar en el desarrollo de proyectos que aseguren un suministro de energía seguro, constante y adecuado para las demandas económicas. pero que también sea respetuoso con el medio ambiente, minimizando impactos locales como la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Chile, estos esfuerzos los ha comandado Transelec, que aprovechando su liderazgo en la industria energética ha posicionado la temática como parte de su política interna de sostenibilidad a través de prácticas de consulta y participación.
Desde la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Paola Basaure se encuentra a cargo de la planificación estratégica, desarrollo y seguimiento de iniciativas de participación ciudadana, promoviendo mesas de trabajo y diálogo.
«Entender y gestionar la participación ciudadana es fundamental para el éxito de cualquier proyecto ambiental o energético. Desde el inicio, mi enfoque profesional ha sido crear un diálogo transparente y constructivo con las comunidades. Esto no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que también fortalece la confianza y el apoyo de la comunidad», detalla Paola Basaure.
Por ejemplo, estos procesos han sido fundamentales en la formulación e implementación de la política energética de largo plazo, especialmente a través del proceso «Energía 2050», dirigido por el Ministerio de Energía durante los últimos cuatro años.
Para empresas como Transelec y liderazgos como los de Basaure, se trata de influir positivamente en el diseño de políticas públicas que impactarán a la sociedad en su conjunto.
Se trata del involucramiento activo de las diferentes comunidades, ciudadanos y ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas y entorno.
Desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en la normativa: “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones».
Impacto de la participación ciudadana en la planificación energética
La experiencia de integración de la participación ciudadana en los proyectos liderados por Paola Basaure no solo refleja un compromiso con el desarrollo sostenible, sino que también, destaca la profundidad de su visión estratégica para crear proyectos más aceptados y exitosos, contribuyendo así a elaborar mejores propuestas para el sector en el país.
Los procesos de participación ciudadana en proyectos de energía son cruciales para asegurar el desarrollo sostenible y la aceptación social de estos desarrollos a nivel global. Las metodologías empleadas varían desde consultas públicas y talleres de trabajo hasta paneles de discusión y comisiones que involucran a diversos actores sociales, incluidas las comunidades.
Estos procesos buscan informar a la población sobre los beneficios y riesgos de los proyectos, la convivencia armónica y el emplazamiento de la infraestructura, en coordinación con autoridades y las mismas comunidades, donde se recogerán sus opiniones y preocupaciones.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas promueve la participación ciudadana como un componente esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que se refiere a proyectos de gran impacto ambiental y social.
Desafíos y estrategias para mejorar la participación ciudadana
La integración de las comunidades en el diálogo y el desarrollo de proyectos permite una construcción de relaciones de confianza sólidas y en la mitigación de posibles conflictos socioambientales.
Por ejemplo, en países con una rica dotación de recursos naturales, la adopción de una política de participación comunitaria no solo ha demostrado ser un factor que contribuye a la estabilidad operativa, también mejora la imagen pública de las empresas involucradas.
Esto es particularmente importante en contextos donde los proyectos pueden alterar el modo de vida local o el entorno natural. La implementación de buenas prácticas de participación ciudadana resulta en una mayor transparencia y responsabilidad, fortaleciendo el tejido social y promoviendo un desarrollo más justo.
En relación al impacto a largo plazo y a los conocidos conflictos en torno a las materias energéticas, fenómenos como la judicialización de estos conflictos evidencia la falta de otros mecanismos de resolución y diálogo, ya sean procedimientos administrativos con autoridades, participación activa de la comunidad a través de las empresas o mediaciones.
Por otro lado, la legislación local al no incluir referencias medioambientales explícitas en la Constitución, permite que herramientas como los recursos de protección se conviertan en la principal fuente de acciones judiciales para proteger el medio ambiente.
En ese sentido, la importancia de adoptar medidas y una actitud corporativa proactiva puede hacer la diferencia para un crecimiento paralelo de empresas y comunidades. Desde Transelec, comenta Paola Basaure, uno de los pilares de la política de sostenibilidad se enfoca en la vinculación comunitaria.
El desarrollo de nuevos proyectos de transmisión se aborda con una mirada multidisciplinaria que integra las dimensiones ambiental y social, desde la fase de planificación y estudio, hasta la fase de explotación.
Esta mirada consciente permite identificar y evaluar tempranamente el potencial impacto más allá del cumplimiento legal, permitiendo analizar alternativas, cumplimiento de normas y diseño de medidas de mitigación, compensación o reparación, siempre en contacto con las comunidades.
El valor del diálogo abierto, según Basaure, permite fortalecer estas medidas: “es lo que redefine los liderazgos en un mundo dominado por la urgencia ambiental. Si no somos capaces de contribuir como actores de cambio y diálogo no lograremos alcanzar el desarrollo conjunto”, reflexiona.
Sin embargo el desafío es aún más grande. Lamentablemente el historial del país en materia medioambiental refleja una escasez de políticas y material, limitándose a la información contenida en los procesos de evaluación de impacto ambiental, que generalmente no incluyen a toda la sociedad civil.
Para revertir eso, Transelec se enfoca en la implementación de procesos de participación anticipada e inversión, en donde se incluye a todos los actores de la sociedad que puedan realmente tener una posible afectación en sus entornos, a raíz de la implementación de algún proyecto.
En síntesis, según Paola Basaure, el desarrollo de este tipo de iniciativas e instancias son el primer paso para el diseño e implementación de proyectos en áreas tan críticas como la energía, donde las necesidades van de la mano con superar la crisis medioambiental y de consumo del país, además de dotar de más herramientas a la ciudadanía en base a sus propias necesidades.
Un grupo de diputados ha presentado una iniciativa legislativa que busca facilitar la participación electoral de personas mayores de 70 años y aquellas con discapacidades severas, mediante la exención de multas electorales.
La propuesta pretende modificar la Ley Nº18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios para introducir esta nueva disposición.
El proyecto apunta a dos grupos específicos que suelen enfrentar barreras significativas para votar debido a su condición física o edad.
Estos grupos son las personas mayores de 70 años y aquellos con un grado de discapacidad física superior al 50%, tal como figura en el Registro Nacional de Discapacidad.
La iniciativa propone que el Servicio Electoral verifique estas condiciones a través del mencionado registro para evitar la necesidad de presentar estos antecedentes ante los juzgados de policía local, lo que actualmente puede resultar en multas.
Los autores de la propuesta destacan que, a pesar de las leyes existentes que promueven la inclusión social y accesibilidad universal, muchos centros de votación aún no están adecuadamente equipados para atender a personas con movilidad reducida.
Adicionalmente, destacan la falta de transporte público adecuado y la insuficiente información sobre los procesos electorales como barreras adicionales que enfrentan estas personas.
El proyecto ya ha sido remitido a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se encuentra en primer trámite constitucional.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile valoró el anuncio del proyecto que busca la condonación del CAE (Crédito Aval del Estado) ya que fue un compromiso de campaña del actual mandatario, pero le recordaron que también existe un compromiso con la reparación de la deuda histórica que afecta a miles de docentes.
El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, afirmó que “nos parece bien que los compromisos presidenciales se cumplan, que los gobernantes cumplan aquello que prometen durante las campañas”.
De hecho sumó a sus palabras que “hay un alto número de docentes hoy en ejercicio, que tienen contraída una deuda importante por haber estudiado y titularse de profesores. Hay muchas hijas e hijos de docentes que debieron endeudarse para estudiar y poder sacar su carrera”.
Pero al mismo tiempo subrayó que “es valiosos que los compromisos se cumplan” y ese cumplimiento debe incluir el compromiso con la solución de la demanda histórica del profesorado.
“El Presidente Boric lo ha reiterado, lo ha dicho durante toda su gestión, ha dicho que va a cumplir. Esperamos que ese compromiso sea a la brevedad, que pronto se pueda cumplir, porque son muchos los años de espera, ya van 43”, recordó el presidente de los profesores, Mario Aguilar, e insistió en que “los candidatos deben tener la responsabilidad con cada uno de sus compromisos, la ciudadanía se los va a cobrar y es lo que ocurre hoy con el CAE y la deuda histórica”.
Cuenta pública Mineduc: Deuda histórica
El líder gremial realizó estas declaraciones tras la presentación de la Cuenta Pública del Ministerio de Educación realizada por el ministro Nicolás Cataldo en el Centro Educacional Bicentenario de Huechuraba, en la Región Metropolitana.
Respecto al balance anual del Mineduc, Aguilar opinó “hay definiciones que nos parecieron interesantes, como avanzar en una educación integral, dejar de lado las visiones estandarizadas, meramente cuantitativas de la educación”
Pero eso, dijo, “no puede quedar sólo en lo declarativo. Para avanzar concretamente falta muchísimo todavía, se debe concretar política y efectivamente, para que pasemos a una educación que atienda lo emocional, lo social y que no se preocupe únicamente de la competencia”.
“Compartimos muchos de los principios, pero creemos que hay distancia entre lo que se señala como aspiraciones a modificar nuestra política educacional, respecto a lo que sucede día a día en la sala de clases”, sostuvo el líder docente.
En una semana marcada por los resultados de Licitación de Suministro Eléctrico 2023/01, donde Enel se adjudicó el total de los 3.600 MWh/año licitados, este jueves, la Comisión Nacional de Energía (CNE) entregó los resultados de un estudio encargado a la Consultora Criteria, destinado a recoger la percepción del mercado de este tipo de procesos, así como los resultados de su última versión.
Pese a que la medición, enfocada en 69 ejecutivos, tuvo una baja tasa de cobertura, al conseguir 25 respuestas (36% del total), sus resultados igualmente permiten dar cuenta de las razones de la baja participación que recibió el proceso, donde finalmente ofertaron 5 empresas, cifra menor a las registradas en años anteriores, cuando al menos 15 firmas competían por entregar el suministro eléctrico a los clientes regulados del mercado nacional.
El principal hallazgo de la medición apuntó a tres factores como los principales que afectaron la posibilidad de participar en las ofertas. Estos fueron las dificultades de financiamiento, las condiciones del mercado de generación y las dificultades para obtener permisos, alternativas que marcaron 15, 13 y 12 de los 25 ejecutivos que respondieron la encuesta, respectivamente. Otras razones esgrimidas, aunque por un menor número de ejecutivos, fueron decisiones corporativas como priorizar portafolios en ejecución, restructuraciones y venta de activos, las que afectan mucho o bastante la participación.
La medición reveló además que el polémico traspaso de los costos sistémicos a clientes regulados fue visto, por lejos, como el principal aspecto que afectó el último proceso, tras las modificaciones en las bases de licitación. Dicha opción fue escogida por 18 de los 25 ejecutivos, quienes aseguraron que el factor afectó “mucho” el proceso. Le siguió la zonificación de la demanda y puntos de oferta diferenciados, con 12 ejecutivos calificando como “bastante” su afectación, y con 11 preferencias las exigencias de capacidad esperada de producción total anual.
Así, entre los aspectos a mejorar en los futuros procesos de licitación, entre las principales respuestas abiertas de los encuestados surgieron aspectos como la transparencia y estabilidad regulatoria, y las condiciones económicas. Así, se planteó como necesario “aumentar la confianza en el sistema con políticas claras y estables”, y “proteger contra cambios abruptos como congelamiento de tarifas”.
Un aspecto criticado también fue el precio de reserva estimado por la CNE, el que la mayor parte de las ofertas sobrepasó. En eso, las sugerencias apuntan a establecer dicho precio “con el mercado y mejorar incentivos financieros para sistemas de almacenamiento”.
En una sesión marcada por intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una medida que redefine las funciones y competencias en la gestión de la seguridad nacional. La nueva cartera se encargará de coordinar y supervisar a las fuerzas policiales, entre otras funciones clave. Sin embargo, la propuesta original, que incluía la transferencia de ciertas atribuciones del Ministerio del Interior, fue rechazada, lo que implica que el nuevo ministerio operará sin algunas de las facultades previstas inicialmente.
El proyecto de ley, que ha sido motivo de discusión desde su presentación, busca mejorar la eficacia y la especialización en el manejo de la seguridad pública, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Los detractores de la medida argumentaron que restar atribuciones al Ministerio del Interior podría generar conflictos y dificultades operativas.
Por su parte, los defensores de la ley sostienen que la creación de un ministerio especializado permitirá una respuesta más rápida y eficiente a los desafíos de seguridad, alineándose con las mejores prácticas internacionales.
La aprobación de la ley es un paso significativo en la reestructuración del aparato de seguridad del país, aunque la decisión final sobre las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública aún podría ser objeto de nuevas deliberaciones y ajustes legislativos en el futuro.
Para más detalles, consulta la noticia completa en El Mostrador.
Los metales preciosos como el oro, la plata y el cobre lideran las subidas en el mercado de materias primas para el segundo trimestre, influidos por importantes ajustes en sus precios.
Metales preciosos en alza Los analistas de Citi informan de que esta tendencia es digna de mención, especialmente si se tiene en cuenta el impacto habitual del valor del dólar estadounidense y los cambios en los tipos de interés tanto en los metales preciosos como en los industriales. «En efecto, a pesar de la revalorización del dólar estadounidense y de una subida notable de los tipos de interés en todo el espectro de la deuda pública estadounidense, los precios de estos metales han subido«, afirman los analistas. «Nuestro escenario principal indica que la subida de los precios del oro, la plata y el cobre podría continuar en un 5-10% adicional en los próximos cero a tres meses y posiblemente en un 15-20% en un periodo de seis a doce meses», continuaron.
Proyecciones a futuro Los analistas de Citi predicen un posible ligero descenso de los precios del oro y la plata antes de que concluya el segundo trimestre, pero prevén un aumento sustancial en la segunda mitad del año 2024, con precios del oro que podrían alcanzar aproximadamente los 2.500 dólares por onza y precios de la plata entre 30 y 32 dólares por onza. Señalan que la importante capitalización de mercado y la influencia de estos metales en los índices sugieren que el aumento de sus precios podría mejorar significativamente los rendimientos globales y las perspectivas positivas en el mercado de materias primas, especialmente en un entorno de crecimiento económico y una suave desaceleración económica.
Impulso en el mercado del oro «El aumento sostenido del precio del oro en el mercado Comex está respaldado por indicadores positivos de impulso, en los que el número de contratos abiertos y el volumen de operaciones han mostrado un crecimiento constante y han alcanzado máximos en las últimas semanas, lo que indica una fuerte actividad en el mercado y un creciente interés por parte de los inversores», observó el equipo de Citi.
Perspectivas para el cobre También mencionaron que es probable que el cobre experimente una tendencia similar, aunque con una perspectiva ligeramente menos optimista.
Con el auge de las redes sociales cada vez más personas ponen su salud en manos de ciertos perfiles a los que todos conocemos como influencers. Ya sea desde Instagram, TikTok, YouTube o Twich, muchos usuarios se “informan” sobre cuestiones que afectan de forma directa a su salud. Desde incluir o descartar ciertos alimentos y usar determinados complementos alimenticios a, directamente, suscribirse a novedosos tratamientos y utilizar sistemas de diagnóstico de dudosa credibilidad y eficacia.
Los temas referentes a la alimentación, dietética, nutrición, estilo de vida y salud son un continuo trending topic con un hashtag u otro. Lo peor, como casi siempre en estos casos, es el torrente de información contradictoria –la infoxicación– a la que se enfrentan los usuarios que ya no saben de quién fiarse. Los mensajes son de lo más variopinto y casi siempre se construyen en forma de propuestas pseudo milagrosas: promover el consumo de agua alcalina, seguir una determinada alimentación para cada fase del ciclo menstrual –lo que implicaría, al menos, tres pautas dietéticas distintas cada mes–, adelgazar bebiendo agua con limón, dejar de beber agua porque esta deshidrata –y pasar a ingerir otras cosas– o cualquier otra tontería sin fundamento científico, como las que explicó la nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles en este post.
En este contexto, se estima que el 77% de los influencers españoles incumple la normativa europea e incurre en prácticas comerciales desleales. Este es uno de los preocupantes datos que se desprenden de una investigación llevada a cabo por la Comisión Europea junto a entidades de protección al consumidor, una acción de la que se ha hecho especial eco nuestro Ministerio de Consumo. Entre los objetivos principales de la investigación figura poner en relieve la especial vulnerabilidad de los consumidores cuando se enfrentan a sus habituales mensajes publicitarios, ya que la mayoría de dichos contenidos no son fáciles de identificar como tal.
Hasta la fecha, Consumo ha enviado una serie de advertencias a influencers españoles de especial relevancia advirtiéndoles de sus malas prácticas y de las duras sanciones a las que se exponen. En la mayor parte de los casos no se conocen las identidades de estos perfiles, excepción hecha de algunos que han aprovechado la advertencia del Gobierno para hacerse autopublicidad -y de paso las víctimas- como es el caso de Carlos Ríos (el creador del movimiento y supermercado realfooding) quien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha atribuido esta advertencia genuina sobre sus malas prácticas en RRSS, para afirmar, una vez más, que su persona es objeto de persecución por parte de las instituciones y que la mencionada advertencia es fruto de unas declaraciones suyas -de anteayer- criticando los menús en hospitales. Algo que nada tiene que ver con el aviso de sanción del Ministerio que en realidad aconteció meses atrás.
Las motivaciones de un influencer: el oro no es lo único que brilla
Sin la intención de ser exhaustivo, un conflicto de intereses puede responder a diversos orígenes, siendo el económico el más inmediato y fácil de identificar. Sin embargo, no podemos olvidar otros tipos de conflicto de intereses relativamente habituales en el entorno de la divulgación y de las RRSS. Entre ellos destacan el de ego y el de competitividad, ambos casos de conflictos de interés que no son precisamente fáciles de descubrir.
El de ego refiere a las ocasiones en las que el influencer o divulgador genera un contenido con propósito de ganar más prestigio, popularidad o, típicamente, visibilidad. El relacionado con la competitividad sucede en el momento que un determinado perfil establece una cierta competición frente a otro perfil, o frente a organizaciones o instituciones, con el fin de obtener una mayor reputación. Ambos conflictos de intereses –el de ego y el de competitividad– comparten muchos solapamientos, siendo difícil a veces etiquetarlos de forma aislada.
Así pues, el asunto va más allá de la indefensión de los consumidores frente a un contenido del que no se sabe a ciencia cierta si está patrocinado o no, si se puede o no identificar como una acción publicitaria. A fin de cuentas, y por diversas motivaciones, un determinado contenido puede ser un auténtico dislate tenga o no un interés económico inmediato detrás.
Puede parecer algo, pero no significa nada
No hay fórmulas magistrales para identificar la charlatanería nutricional en RRSS, pero sí una serie de características que pueden ayudarnos a ponerla en tela de juicio o, al menos, hacernos dudar de su idoneidad. Pero antes, apuntamos tres variables que se suelen usar para trasladar cierta credibilidad y en realidad no significan nada. Toma nota:
El número de seguidores. Tener una abultada cuenta de followers o muchos “me gusta” es para algunos usuarios una garantía de confianza. Sin embargo, pensar así es un error que se pone de relieve desde el momento que esta variable se puede retorcer a golpe de talonario. Así, algunos perfiles optan por esta alternativa y con ella trasladan a su perfil una imagen de éxito exagerada y engañosa. Esta actividad, que no es fácil de desenmascarar, puede suponer, por sí misma, un hecho ilícito tal y como aclara este artículo de contenido jurídico. También se pueden tener muchos seguidores y likes sin haberlos comprado –por ejemplo, teniendo un perfil que trate desde la limpieza hasta el maquillaje, compartiendo memes y a la vez recomendaciones de restaurantes–, y ser conscientes de que, aunque algo sea popular y lo elija la mayoría, no tiene por qué ser válido y confiable. Ahora es cuando podríamos hablar de Hitler, pero creo que se entiende.
Tener un perfil “verificado”. Los perfiles “verificados” en las distintas RRSS refieren, en general, a personas o entidades que han demostrado tener una cierta relevancia pública. Esta visibilidad o distinción se suele justificar aportando una serie de enlaces con los que se demuestra a los gestores de la red social que el perfil en proceso de verificación es ciertamente relevante. Pero hay dos inconvenientes: el primero, que el perfil sea verdaderamente conocido, pero que al mismo tiempo lo sea por decir memeces. Segundo, que hoy en día la mayor parte de las RRSS permite comprar –vuelta otra vez al talonario– este tipo de marcas de verificación. Una estrategia que, imagino, será rentable para la propia red social, pero no ayuda en nada a los usuarios de a pie. Algunas aplicaciones, como “X” distinguen entre las verificaciones de pago para personas (azul), las institucionales (gris) y las pertenecientes a empresas (amarilla). Sin embargo, en Instagram, a los usuarios les resulta imposible discriminar si un determinado perfil con verificación azul se ha obtenido por méritos propios o tirando de cuenta corriente.
Tener un título académico. Es triste decirlo, pero tener un título oficial colgado de la pared y firmado por el rey, no es garantía de ser buena persona. Se puede ser un [rellénese con cualquier titulación sanitaria] y ser al mismo tiempo un sinvergüenza al margen del código deontológico e incluso de la legislación. Todo ello sin olvidar aquel bonito latinajo de quod natura non dat, Salmantica non præstat, que viene a decir que, si alguien ha nacido con ciertas mermas intelectuales, el pasar por la universidad no las va a solucionar. Afortunadamente no es la tónica general, pero hay que estar prevenidos sabiendo que nos podemos encontrar de todo.
Así se identifica un contenido o un perfil poco fiable e incluso peligroso
Dicho esto, veamos algunos de los aspectos en los que podemos fijarnos para poder hacerse una idea de la confiabilidad de un perfil o contenido. Vamos de lo más genérico a lo más concreto:
Si suena demasiado simple, bonito, idílico o perfecto como para que sea verdad es que no es verdad. Los problemas complejos suelen requerir de soluciones complejas que implican diversas variables (que en los contenidos de las RRSS suelen omitirse). Así, el control del peso, la gestión de la imagen corporal, el seguimiento de una dieta saludable y todas las demás derivadas son cuestiones terriblemente complejas. Tan complejas, que muchas veces se nos olvida que hay factores no modificables como la edad, el género y la genética; mientras los que sí lo son muchas veces requieren del control de elementos que difícilmente se pueden controlar (horarios laborales, entorno sociocultural, exposición a la publicidad, acceso a una determinada oferta de alimentos, etcétera). Laura Caorsi lo explica de forma brillante en este artículo. Resumen rápido: si algo se plantea tan fácil como para solucionar “esos problemas” tan complejos, ya nadie tendría “esos problemas”.
Plantear un culto al cuerpo desmedido. No es nada ilícito, por supuesto, pero lucir palmito e incluso mostrar cacho para trasladar un mensaje intrínsecamente relacionado con la salud, no parece serio. Salir a la palestra con menos ropa que Tarzán es algo muy llamativo, sin duda, pero no parece lo más adecuado. Más que nada porque no es improbable que los usuarios relacionen el consejo con la imagen del protagonista, que seguro depende de muchos más factores que los que se mencionan en el contenido. Algo que no es justo, y que al mismo tiempo puede generar un cierto estigma de culpabilidad cuando lo más probable es que no se cumplan las expectativas.
Pone en alza el concepto de nutriente-centrismo o nutricionismo y hace descansar en un nutriente la consecución de metas prodigiosas, desde eliminar el riesgo a una determinada enfermedad a solucionar los estragos del paso de los años o del día a día (ejemplo).
Los influencers pueden jugar limpio… o sucio (que es lo más habitual)
La aparición de las RRSS ha provocado cambios importantes en el mundo del marketing y ha ocasionado el nacimiento de una publicidad digital que poco a poco le ha ido ganando terreno a la tradicional (radio, prensa y televisión). Tanto es así que, según un estudio, en 2019 y en España la inversión en medios digitales superó por primera vez –con más de 2.000 millones de euros– la realizada en televisión, que durante mucho tiempo ha ostentado el liderazgo de la publicidad en medios tradicionales. En este contexto, las marcas saben que, actualmente, contratar influencers es mucho más rentable que la publicidad tradicional. Aquí se abren dos posibilidades:
El influencer promociona un bien o servicio de un tercero según la normativa, dejando bien claro a los usuarios que la naturaleza de la publicación responde a una acción publicitaria. Conviene recordar, además, que la mayor parte de las RRSS cuentan hoy en día con una opción en el momento de la creación de un contenido que permite a los autores marcar su publicación como parte de una acción promocional. Es lo que hay que hacer.
Al influencer –y no olvidemos, también a ciertas empresa– les importa todo un pito salvo los beneficios. Una situación, como hemos visto, especialmente frecuente. La vida real nos dice que muchas empresas demandan de los influencers un contenido “orgánico”, es decir, que parezca lo más natural dentro de la cronología de sus publicaciones (timeline). El influencer puede hacer caso a la empresa al 100%, ciscándose en toda la normativa que regula este tipo de acciones, y meterle un gol por la escuadra a todos sus seguidores. También puede incluir pequeñas pistas que solo a alguien con las habilidades de Sherlock Holmes permita resolver las dudas sobre la naturaleza del contenido (ejemplo). Estas pistas ridículas pueden consistir, por ejemplo, en un vídeo, en menciones fugaces relativas a que se trata de una colaboración o una publicidad o, en el contexto de un post escrito, incluir muy al final pequeños hashtags como #ad y #publi –del inglés “advertisement”, y de “publicidad”, respectivamente– sin validez legal.
Las normativas europeas son muy diversas
En España y en 2022 se modificó la ley General Audiovisual con el fin de adecuarla a la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, pero mientras llega el correspondiente reglamento, las sanciones ni están ni se les espera. De momento el Gobierno se dedica a “avisar” a los infractores, a algunos por segunda vez, facilitándoles un “Código de uso de Influencers en la Publicidad” que en realidad aplica, y de forma bastante laxa, a las empresas antes que a los propios influencers.
En Francia las cosas son muy distintas: la novedosa Ley nº 2023-451 del nueve de junio de 2023, vio la luz a raíz de un intenso debate nacional para regular la influencia comercial y combatir los excesos de los influencers en las RRSS (una figura que, por lo que parece, no goza de especial buena imagen entre su población). La normativa va mucho más allá de lo planteado en el marco europeo y, por supuesto, que lo que tenemos en España. Queda claro desde el principio: “Las personas que ejercen una actividad de influencia comercial por medios electrónicos tienen prohibida toda promoción, directa o indirecta, de actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética mencionados en la legislación sanitaria. [También tienen prohibida en las mismas condiciones] la promoción de procesos, técnicas y métodos que se presenten como comparables, preferibles o sustituibles a actos, protocolos o prescripciones médicas”.
Así de contundente es la ley en Francia: prohíbe no pocas prácticas habituales en el mundo de las RRSS, regula muchas otras y propone importantes sanciones ante los incumplimientos, que llegan hasta siete años de prisión en los casos más graves (y hasta los 300.000 euros de multa). Una de las cuestiones más novedosas es la mención de condiciones específicas relativas a la promoción de alimentos. En su artículo tres se cita de forma textual que la actividad de los influencers tendrá que encuadrarse a la legislación europea (RE 1924/2006), relativa las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos que, por cierto, también aplica al mercado de los complementos (vitaminas, minerales, colágeno, etcétera) y a las bebidas alcohólicas.
Es decir, los productores de alimentos y los influencers tendrán que observar en las RRSS las mismas condiciones y limitaciones en su publicidad que la que aparece en los envases y se lleva a cabo en medios de comunicación tradicionales. Además de la obligación de contar con un contrato por escrito entre el influencer y la empresa, la ley francesa obliga a que el influencer que haya sido identificado cometiendo una infracción, tenga que compartir en sus RRSS una publicación de las autoridades competentes (en este caso, la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude) haciendo saber que su perfil ha sido sancionado. Y lo más importante: ya se están produciendo dichas sanciones.
Algunas pistas de que estamos ante un perfil con contenido fiable
Aunque no lo creas, las recomendaciones para alcanzar un buen pronóstico de salud o, más fácil aún, para mejorar el actual, son bastante sencillas. Que a estas alturas del cuento una publicación o un perfil indique que ha descubierto el agua templada y nos la haga pasar como un hallazgo revolucionario, carece de todo sentido. Por tanto, estas son algunas de las características de los perfiles y las publicaciones con “buena pinta”:
Señalar en todo momento y de forma clara las posibles relaciones comerciales con terceros. Ten en cuenta que en la cronología de las publicaciones de un determinado influencer se puede encontrar tanto contenido realmente orgánico o natural, como contenido promocional que debería estar adecuadamente señalado, etiquetado y marcado según indica la legislación y propone la propia red social.
La confianza también se obtiene cuando un perfil con contenido publicitario solo crea contenido promocional de aquellos productos o servicios que son coherentes con su perfil. Hablar de alimentación saludable y, al mismo tiempo, crear contenidos de la mano de empresas cuyo objeto de negocio son los ultraprocesados o las bebidas alcohólicas, no parece lo más lógico.
Incluir citas, enlaces y referencias a documentos científicos o de consenso generalmente aceptados también ayuda. De esta forma, los usuarios pueden comprobar, si quieren –y deberían querer–, el alcance y el contexto de las afirmaciones vertidas en la publicación.
No es una garantía de confianza al 100%, pero la accesibilidad del influencer para entablar debates, aclarar dudas y aportar más información suele demostrar que, primero, no hay nada que ocultar y, segundo, que se está en esa red social para ayudar y aportar conocimiento, no solo para aumentar los beneficios económicos.
Al final, y por muchas pistas que se den, es necesario hacer un llamamiento a la racionalidad y al sentido común de los usuarios. Leer, releer, dar un paso atrás, poner en tela de juicio, hacer gala de un mínimo espíritu crítico y tomar una decisión o postura propia, auténtica, son actitudes en franco retroceso.
Quizá uno de los mayores problemas que han generado las RRSS consiste en haber exacerbado la tendencia de unos años a esta parte hacia un pensamiento superficial, carente de juicio crítico y que se concreta muchas veces en la externalización de la toma de decisiones entre los usuarios. No es infrecuente que algunos de ellos muestren su desasosiego; e incluso indignación, ante las opiniones encontradas de dos influencers –cuando uno dice una cosa y el otro su contraria– sobre una misma materia.
Por último, seamos conscientes que la dietética y la nutrición son dos ciencias y, como tales, hay cosas que se saben, cosas que se sabe que no se saben, cosas que, al menos de momento, son motivo de debate científico y cosas que terminarán cambiando. Pero, insisto, que nadie espere “grandes revoluciones” (salvo que quiera que le tomen el pelo).
En un giro reciente en uno de los mayores escándalos de corrupción en Chile, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha dictado prisión preventiva para Sergio Muñoz Yáñez, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), por su participación en la filtración de información confidencial a terceros.
Muñoz Yáñez, que había renunciado a su cargo previamente, se ve ahora enfrentando cargos por delitos reiterados de violación de secreto. Según las acusaciones, filtró datos cruciales de al menos cinco investigaciones conducidas por el Ministerio Público al conocido abogado Luis Hermosilla, incluyendo casos de alta relevancia como el Caso Dominga y el Caso Enjoy, que tienen vinculaciones con el expresidente Sebastián Piñera.
La Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) habían solicitado la medida de prisión preventiva, argumentando que era indispensable para el éxito de la investigación en curso. La jueza Francis Fell Franco accedió a esta solicitud, aunque determinó que Muñoz deberá cumplir la medida en un recinto especializado, la Brigada de Reacción Táctica de la PDI ubicada en Cerrillos, en lugar de una prisión común.
La defensa de Muñoz, buscando medidas menos severas como el arresto domiciliario, destacó la cooperación de su cliente con las autoridades y su disposición a prestar declaración. Sin embargo, esta estrategia no logró evitar la orden de prisión preventiva. Los abogados del exdirector enfatizaron que, a su juicio, las filtraciones no comprometieron el desarrollo de las investigaciones pertinentes y resaltaron que Muñoz había presentado su renuncia antes de que el gobierno se lo pidiera.
La jueza Fell Franco ha establecido un plazo de 120 días para la investigación, durante el cual la defensa de Muñoz podría solicitar una revisión de las medidas cautelares impuestas. Este caso sigue captando la atención del público y de los medios, dada la importancia de los involucrados y la gravedad de las acusaciones.
El exsuperintendente de pensiones se refirió a los riesgos operacionales que podrían surgir de la transición entre sistemas previsionales y aseguró que la propuesta de Reforma Previsional del Gobierno “obedece más a una cuestión ideológica”.
La propuesta de reforma previsional ha generado un intenso debate entre expertos y actores del mercado financiero. En el centro de la discusión se encuentra el proyecto de ley -actualmente tramitándose en el Senado- que busca cambiar el sistema previsional actual por uno nuevo, con la introducción de los Inversores de Pensiones y un Administrador Previsional licitado. Sin embargo, la transición entre ambos sistemas y sus posibles impactos ha generado preocupación entre varios expertos.
En conversación con El Diario Financiero, Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Pensiones, advirtió sobre los riesgos operacionales que podrían surgir durante la transición entre los sistemas previsionales, destacando que el actual sistema funciona de manera integrada. Además, enfatizó en que el tiempo propuesto para la transición es insuficiente, por lo que se debería pensar en una estrategia más pausada y menos disruptiva.
El experto hizo hincapié en su discrepancia con la propuesta en general. “Esta no es una reforma que me haga mucho sentido. Creo más que obedece a una cuestión ideológica, que hay poca ganancia en eficiencia a partir de esto y un alto riesgo de que comience a funcionar mal lo que hoy día funcionaba bien”, dijo.
Por su parte, Joaquín Ramírez, líder de Wealth de Mercer Chile, también expresó su preocupación por el impacto que la reforma podría tener en los usuarios del sistema de pensiones. Destacó que la separación de la industria y la introducción de nuevos actores podrían afectar negativamente el sistema y advirtió sobre la necesidad de considerar detenidamente las implicaciones de estos cambios antes de su implementación.
“La separación de la industria va a tener un montón de efectos sobre el servicio que reciben las personas, sobre todo los actuales pensionados”, afirmó. “Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener en las pensiones”, acotó.
